Con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se celebra hoy lunes 28 de septiembre, los sindicatos CCOO y UGT han emitido sendos comunicados en los que exigen la práctica del aborto libre y gratuito y en centros públicos, ya que es un derecho, toda vez que en 2025 casi el 100% de los abortos se produjeron en centros privados por las dificultades de hacerlo en centros públicos.
CCOO pide una red pública integrada en el Sescam
Así, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha reclama una verdadera red pública de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) integrada en el Sescam, accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.
CCOO Castilla-La Mancha participó ayer domingo en la concentración convocada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha, -de la que el sindicato forma parte-, para reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice de manera efectiva dentro de la sanidad pública de la región.
Solo el 0,05% en centros públicos
Los datos evidencian una realidad que no puede seguir normalizándose: en 2024 únicamente 2 de las 3.579 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la región se practicaron en centros públicos, apenas el 0,05%. El 99,95% restante se realizó en centros privados. “Si queremos garantizar un derecho, hay que garantizar también los recursos públicos para ejercerlo. No podemos asumir como normal que prácticamente ninguna mujer pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública de Castilla-La Mancha”, señala la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM, Ana Villaseñor.
“Las mujeres de CLM nos vemos obligadas a desplazarnos para ejercer un derecho que debería estar garantizado en nuestra sanidad pública. Y sí, decimos obligadas, porque los datos que tenemos encima de la mesa no permiten justificar que toda la prestación tenga que salir de la pública”.
Para el sindicato la información facilitada recientemente por el Sescam a través del Portal de Transparencia sobre el número de profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia permite introducir datos objetivos en un debate que durante años se ha abordado sin suficiente información.
Objeción de conciencia
El Sescam ha comunicado la existencia de 41 profesionales sanitarios inscritos como objetores de conciencia, mientras que ha informado de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha. La Administración no ha precisado, no obstante, cuántas de las 41 personas objetoras son médicas, ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.
La responsable sindical ha reclamado que “la objeción de conciencia debe ser entendida como un derecho individual de cada profesional, pero no puede convertirse en una objeción de los servicios sanitarios, de los hospitales o de toda una comunidad autónoma. La obligación de la Administración es organizar los recursos para garantizar la prestación”.
En este sentido, CCOO considera necesario conocer con mayor precisión la información sobre la objeción de conciencia, incluyendo la categoría profesional de las personas objetoras y su distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los datos relativos a derivaciones y desplazamientos fuera de la región.
Planificar, contratar, formar, organizar y garantizar
CCOO CLM considera que la solución no pasa por seguir externalizando una prestación sanitaria, sino por organizarla dentro del Sescam. “Lo tenemos claro: planificar, contratar, formar, organizar y garantizar, porque garantizar derechos requiere voluntad política y recursos públicos”, defiende Villaseñor.
Para CCOO el anuncio de la creación de un centro público no es suficiente. La implantación de la IVE en la sanidad pública debe contar con un calendario concreto y público que determine qué centros prestarán el servicio, cuándo comenzará, con qué profesionales y con qué recursos.
Además, la prestación debe estar organizada de manera que sea accesible para las mujeres de todas las provincias y áreas sanitarias, prestando especial atención a las dificultades añadidas que pueden afrontar quienes viven en zonas rurales o cuentan con menos recursos económicos, laborales, familiares o de movilidad.
Por ello, CCOO CLM reclama:
- Una verdadera red pública de IVE integrada en el Sescam, accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.
- Un calendario público, concreto y verificable para su implantación, con fechas, centros, profesionales y recursos.
- Profesionales y medios suficientes para garantizar el derecho a abortar, sin que la objeción individual impida o retrase el acceso a la prestación.
- Transparencia y datos públicos sobre objeción de conciencia, derivaciones, intervenciones y desplazamientos fuera de la región. Evaluaciones periódicas que garanticen que se implementa lo aprobado.
- Información clara y accesible para que las mujeres conozcan su derecho a la IVE y sepan cómo acceder a la prestación.
- Protección frente al acoso y la intimidación, tanto para las mujeres como para los profesionales.
- Educación sexoafectiva, presente en todas las etapas educativas.
- Accesibilidad al ejercicio del derecho al aborto para las mujeres migrantes.
“Ninguna mujer debería sentirse culpable o sufrir acoso por querer abortar y ningún profesional debería ser señalado por garantizar una prestación sanitaria”. Del mismo modo, “ningún centro sanitario debería convertirse en un lugar de presión o intimidación”, añade Villaseñor.
«Ni privatizado ni derivado: aborto en la pública”, concluye la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Castilla-La Mancha.
UGT: «Cumplimiento efectivo del derecho»
Por su parte, UGT Castilla-La Mancha reclama el cumplimiento efectivo del derecho a la interrupción voluntario del embarazo, un derecho que no será posible -apunta- sin la normalización y generalización de la prestación pública y la garantía de un acceso equitativo de las mujeres en todo el territorio español al sistema sanitario público.
El sindicato pide que las mujeres en Castilla-La Mancha tengan garantizado el derecho al aborto en los centros públicos. En este sentido y según el informe “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad” elaborado por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha el porcentaje de abortos que se producen en centros sanitarios públicos es mínimo, del 0,1%, lo que nos sitúa a la cola de España, solo por delante de Melilla, Ceuta y Extremadura.
“Desde UGT alertamos de que se está dificultando el ejercicio de un derecho que fue reconocido con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública”, asegura Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha.
«Los poderes públicos, obligados»
De igual forma, recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades, y los y las profesionales sanitarios están comprometidos en su cumplimiento.
El sindicato valora la iniciativa del Ejecutivo regional de poner en marcha unidades de abortos en hospitales públicos de la región y le insta a acelerar su entrada en funcionamiento.
Por otro lado, denuncia todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, acciones cuyo objetivo es limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que la derecha y la ultraderecha alimentan con sus políticas antiabortistas y contrarias a la igualdad de género, impidiendo la efectividad de un derecho constitucional.
“Aplaudimos la propuesta de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, que fue aprobada en su día en Consejo de Ministros y registrada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2026, y seguiremos exigiendo recursos públicos suficientes para la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad en la atención sanitaria pública”, concluía.
