El conflicto abierto desde hace meses entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano y la jefa del Servicio de Urbanismo ha terminado llevando ante el juez al alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y a dos de sus concejales, que tendrán que declarar como investigados por un presunto delito de acoso laboral.
El titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano ha citado para el próximo 25 de noviembre al regidor; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al edil de Obras y Deportes, Javier Trujillo, dentro de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia penal presentada por la funcionaria.
Los tres comparecerán en calidad de investigados después de que la jefa del Servicio de Urbanismo denunciara haber sufrido una «grave persecución» dentro del Ayuntamiento. La funcionaria sostiene que desde la llegada del actual Gobierno municipal se produjeron comportamientos que, según su denuncia, desembocaron en una situación de hostigamiento en el ámbito laboral.
La causa judicial supone así un nuevo capítulo de un enfrentamiento que ya había salido de los despachos municipales. Durante el último año, la trabajadora ha recurrido también por la vía contencioso-administrativa la suspensión de funciones que le fue impuesta después de que el Ayuntamiento abriera contra ella un expediente disciplinario.
Seis meses suspendida de sueldo y un expediente que terminó en apercibimiento
Uno de los episodios centrales del conflicto se produjo con esa suspensión cautelar, que mantuvo a la jefa de Urbanismo seis meses apartada de su puesto de trabajo mientras se tramitaba el expediente.
Sin embargo, una vez concluido el procedimiento disciplinario, la Junta de Gobierno Local resolvió el pasado mes de marzo imponer únicamente un apercibimiento, al no quedar probados los hechos de mayor gravedad que se habían atribuido inicialmente a la funcionaria.
La resolución obligó además al Ayuntamiento a abonarle las cantidades salariales que había dejado de percibir durante el periodo en el que permaneció suspendida de empleo. Posteriormente, la trabajadora se reincorporó a su puesto.
Paralelamente, la funcionaria optó por acudir a la vía penal contra el alcalde y los dos concejales. Es precisamente esa denuncia la que ha desembocado ahora en la citación judicial de los tres responsables municipales como investigados.
El alcalde niega el acoso
Desde que trascendió la denuncia, Miguel Ángel Ruiz ha negado que haya existido acoso hacia la funcionaria y ha defendido la actuación desarrollada por el Gobierno municipal.
El alcalde aseguró entonces que en el Ayuntamiento «no existe ninguna animadversión personal hacia nadie» y sostuvo que lo que existe es una exigencia de «rigor, eficacia y responsabilidad en el trabajo público».
Ruiz enmarcó lo ocurrido en las discrepancias que pueden producirse dentro de cualquier organización y defendió que los posibles «momentos de tensión derivados de la propia gestión» deben entenderse dentro de la «normalidad del día a día administrativo».
Tanto el alcalde como Barba y Trujillo han defendido desde el inicio su inocencia. Será ahora la investigación judicial la que continúe avanzando para esclarecer los hechos denunciados, con una primera fecha marcada en el calendario: el 25 de noviembre, cuando los tres están llamados a declarar ante el juez.
