El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto para adaptar la normativa autonómica a la Ley ELA, cuyo desarrollo supondrá una inversión de 3,7 millones de euros anuales.
Así lo ha anunciado la consejera portavoz de la Junta de Comunidades, Esther Padilla, en una rueda de prensa celebrada este miércoles para anunciar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno y en la que ha detallado que esta adaptación normativa, por la que los afectados pueden solicitar ayudas de hasta 9.859 mensuales, podría beneficiar a medio centenar de personas en la región.
Padilla ha detallado que esas prestaciones serán compatibles con la ayuda para cuidados en el entorno familiar y el decreto facilita también los trámites administrativos para que los afectados por personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible puedan solicitar el grado 3 plus de dependencia extrema.
Este reconocimiento de grado 3 plus de dependencia, que se reconoce ahora en las condiciones que exige la normativa estatal, va acompañado de la posibilidad de acceder a esas ayudas.
Un mínimo de 3.200 euros
Tal y como ha explicado la consejera portavoz, las ayudas de asistencia personal pueden alcanzar hasta los 9.859 mensuales según las horas de atención contratadas y se garantiza un mínimo de 3.200 euros cuando se contrate un servicio de al menos 150 horas al mes.
En cuanto a la compatibilidad de estas ayudas, Padilla ha informado de que se podrán solicitar ambas cuando la atención profesional reconocida sea inferior a las 480 horas al mes.
«En ese caso se contempla esa compatibilidad y además, la prestación que se aprobará de cuidados familiares, se reconocerá en su cuantía máxima», ha dicho.
En cuanto a la agilidad de los trámites, la consejera ha señalado que las personas que tengan reconocido el grado 3 y acrediten mediante certificado médico su situación de dependencia extrema, no tendrán que volverse a someter a una nueva valoración para adquirir el grado 3 plus y se podrán reconocer ambos grados en el mismo acto administrativo.
Además, las ayudas se aplicarán de manera retroactiva: «Los efectos económicos de las prestaciones del grado 3 plus se reconocerán desde la solicitud o desde el comienzo efectivo del servicio».
También se reducen las cargas administrativas para quienes reciben esa prestación económica vinculada al servicio o la asistencia temporal, ya que se introduce un plazo de justificación de seis meses, en vez de uno.