El Gobierno de Castilla-La Mancha ha archivado los proyectos de construcción de plantas de biometano previstos en Carrión de Calatrava y Socuéllamos, aplicando la nueva legislación autonómica que otorga a los ayuntamientos capacidad para frenar estas instalaciones cuando no cuentan con respaldo municipal.
La última resolución se ha conocido este martes, cuando la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado el archivo definitivo de la planta promovida por Bravoita SL en Socuéllamos, después de que el Pleno municipal rechazara su construcción.
La Dirección General de Calidad Ambiental ha puesto fin tanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental como al expediente de autorización ambiental integrada, impidiendo que el proyecto continúe su tramitación.
«La planta de biometano de Socuéllamos no va a salir adelante; siempre hemos defendido que un proyecto de estas características no puede imponerse a un municipio ni continuar su tramitación si no existe consenso social», ha asegurado Fernández.
Además, la Delegación de la Junta ha anticipado el mismo desenlace para la segunda planta proyectada en Socuéllamos, promovida por Enerth Investment SL, cuyo expediente todavía no ha sido archivado definitivamente.
El Ayuntamiento de Socuéllamos ya había expresado su oposición a ambas instalaciones en el Pleno del pasado 29 de septiembre, con la abstención de Vox.
Carrión abrió el camino
La decisión llega apenas 24 horas después de conocerse el archivo definitivo de la planta proyectada en Carrión de Calatrava por Nortiben Green Energy VIII SL, convirtiéndose en el primer municipio de Castilla-La Mancha en conseguirlo mediante la nueva normativa.
En este caso, el Ayuntamiento, encabezado por el socialista Dionisio Moreno, rechazó por unanimidad la instalación el pasado 17 de septiembre.
El alcalde celebró la resolución como «una gran alegría y tranquilidad» para los vecinos y destacó el papel «fundamental» de la reforma legislativa.
Ambos expedientes se han cerrado gracias a la Ley 5/2026, de 16 de julio, impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page, que modificó la normativa regional de evaluación ambiental para establecer el carácter vinculante de los pronunciamientos municipales.
Con estas decisiones, la Junta comienza a materializar su compromiso de impedir que las plantas de biometano se instalen en municipios que hayan manifestado formalmente su rechazo.
