Una investigación judicial iniciada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a vender gasolina, gasóleo y otros carburantes sin pagar los impuestos correspondientes, mediante un entramado de empresas ficticias con el que habría defraudado 15,6 millones de euros en un solo año.
La operación, desarrollada por la Agencia Tributaria, se ha saldado con la detención de los dos principales responsables de la trama, uno de los cuales ya había sido condenado recientemente por delitos similares relacionados con la comercialización de combustibles.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el origen de la investigación se sitúa en Alcázar de San Juan, donde el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 1, abrió diligencias tras una denuncia presentada por la Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha.
Las pesquisas permitieron descubrir una estructura empresarial que, solo durante 2024, habría defraudado 9 millones de euros en IVA y otros 6,6 millones en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
El mecanismo consistía en utilizar sociedades instrumentales para comprar y vender combustible simulando operaciones entre depósitos fiscales, evitando así el pago de impuestos.
De esta manera, la organización podía comercializar carburantes a precios inferiores a los habituales, generando una situación de competencia desleal frente a las empresas que sí cumplían sus obligaciones fiscales.
Embargos y registros
La operación policial, desarrollada el pasado 10 de noviembre bajo la dirección judicial y con el apoyo de la Fiscalía de Ciudad Real, incluyó dos registros en Villanueva de Córdoba, donde los investigadores intervinieron abundante documentación relacionada con las operaciones fraudulentas.
También se han bloqueado cuentas bancarias y embargado vehículos e inmuebles vinculados a los investigados, además de intervenir 25.000 euros en efectivo, relojes y joyas.
La Agencia Tributaria también investiga el presunto blanqueo de capitales procedentes de los beneficios obtenidos ilícitamente.
La investigación continúa abierta y no se descarta que se adopten nuevas medidas judiciales.