El sindicato UGT Castilla-La Mancha se ha concentrado este viernes en las provincias de Albacete, Guadalajara y Toledo para denunciar el preacuerdo estatal del convenio de grandes marcas de comercio, textil y calzado alcanzado entre CCOO y Fetico, que consideran «claramente insuficiente».
En un comunicado, el sindicato ha explicado que defiende un acuerdo mínimos y la prevalencia de la negociación territorial y ha agregado que no aceptará quedar fuera del proceso por no suscribir un preacuerdo claramente insuficiente.
José Manuel Barquero, secretario de comercio y grandes almacenes de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, ha señalado que el resultado del preacuerdo «evidencia que buena parte de los aspectos ya estaban previamente acordados entre estas partes, quedando la negociación reducida a una escenificación que, a nuestro juicio, resulta lamentable».
Ha expuesto que las concentraciones que han realizado este viernes han sido para trasladar «la gravedad de las medidas que se pretenden aplicar» a los trabajadores del sector de la región, ya que en algunas provincias podrían verse «muy afectados».
Por su parte, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha señalado que el sindicato seguirá luchando por la prevalencia del convenio de comercio de la provincia, ya que además de garantizar derechos, supone equiparar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector «sin otorgar más ventajas para las grandes superficies en esa competencia feroz con el comercio tradicional».
En cuanto al contenido del preacuerdo, Barquero ha detallado que en materia salarial se establece un inicio en 18.000 euros, alcanzando en el mejor de los casos para los grupos de mayor dimensión entre 18.200 y 19.200 euros.
En relación con el trabajo en domingos y festivos, se contempla su carácter obligatorio en caso de no cubrirse mediante voluntariedad, aunque esta circunstancia no se recoge de forma expresa; la jornada anual se fija en 1.740 horas para el año 2028 y respecto a los contratos fijos discontinuos, su regulación resulta «claramente insuficiente» a juicio de UGT.