El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplicará la inversión hasta los 7.000 millones mediante una fórmula de cofinanciación que conlleva un 60 % por parte del Estado y un 40 % por parte de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y de los cuales a Castilla-La Mancha le corresponden 280 millones, de los que el Estado aporta 168 millones.
Andalucía lidera la asignación total y el mayor porcentaje de incremento con respecto al anterior Plan de Vivienda se da en Murcia.
En concreto, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se está abordando este jueves con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, a Andalucía se le asignarán la mayor cantidad de recursos, 1.197 millones de euros (876 millones más que en el plan 2022-2025); a la Comunidad de Madrid 1.113 millones (815 millones más) y a Cataluña 1.015 millones (473 millones más).
Por su parte, a la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (557 millones más); a Galicia, 399 millones (292 millones más); a Castilla y León, 378 millones (276 millones más); a Canarias, 371 millones (271 millones más); a Murcia, 308 millones (257 millones); a Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y a Aragón, 266 millones (195 millones más).
Para Asturias irán 231 millones(174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y a La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).
Atendiendo a los porcentajes de incremento, el mayor corresponde a Murcia (606 %) y el menor a Cataluña (187 %). En este sentido, en el caso de Cataluña, fue la única comunidad que aportó más del 40 % de recursos propios en la anterior convocatoria y esta proyección se ha hecho situando la aportación autonómica.
No obstante, desde el Ministerio de Vivienda entienden que es previsible que el importe final quede muy por encima de los 966 millones si se tiene en cuenta que el Govern de Salvador Illa ha anunciado que invertirá 4.400 millones para construir 50.000 viviendas.
En el anterior plan, la aportación de las comunidades rondaba el 23 %, aunque en Cataluña era del 61,4% y en la Comunidad Valenciana, del 31,6 %. Salvo en estas comunidades, la del Estado solía moverse en el 76,92 %.
En el caso de las comunidades que más fondos van a recibir, por ejemplo, este plan supondría un esfuerzo extra anual de 80,9 millones para Andalucía, de 75,2 millones para la Comunidad de Madrid, de 14,6 millones para Cataluña o de 48,6 millones para la Comunidad Valenciana.
Castilla-La Mancha reclama un marco de financiación flexible y realista
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que se ha celebrado en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Salu García Alfaro, ha reclamado un marco de financiación realista y flexible que tenga en cuenta la singularidad de la región.
“Castilla-La Mancha comparte los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda, ya que queremos más vivienda protegida, un parque residencial de mayor calidad y que las familias hagan un menor esfuerzo para acceder a ella”, ha expuesto García Alfaro que, para ello, ha reclamado que dicho plan «no imponga un esfuerzo desproporcionado a las cuentas públicas».
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional ha hecho alegaciones a este Plan entre las que están que se reconozca dentro del Plan el esfuerzo económico que ya ha realizado Castilla-La Mancha, ya que va a poner en marcha otros programas y fondos, como los europeos FEDER, que financian tanto la construcción de vivienda protegida como la rehabilitación de viviendas.
Además, ha pedido “que el reparto de fondos no sea rígido”, ya que el plan fija que un 40 por ciento vaya a construcción de vivienda social, un 30 por ciento a rehabilitación y accesibilidad, y otro 30 por ciento al acceso a la vivienda, y ha propuesto que esos porcentajes, puedan adaptarse, ya que Castilla-La Mancha «es una región eminentemente rural, que hace frente a la despoblación y con un parque de viviendas envejecido, una situación muy distinta a la de comunidades más urbanas o industrializadas”.
Por último, ha enumerado tres propuestas fundamentales, que pasan por crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida; incluir de forma expresa las actuaciones de rehabilitación y vivienda social ya en marcha en el marco del Plan de Recuperación, que por motivos administrativos no pueden cargarse al PRTR; y garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que se pusieron en marcha con fondos europeos y «han demostrado su eficacia en la gestión, el asesoramiento a los ciudadanos y la tramitación de ayudas»