El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha pedido investigar si hubo delito de prevaricación en el decreto que el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, firmó en 2015 sobre el cambio en la jefatura del servicio de bomberos de la institución, Sepei.
La Sala número 2 de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM entiende que el cambio en la jefatura del Sepei fue «arbitrario», según consta en la providencia, de fecha 10 de octubre, a la que ha tenido acceso Efe.
La providencia pide al Juzgado de Instrucción de Albacete que llame a los implicados a declarar y depure responsabilidades penales «por si pudiera constituir un delito de prevaricación».
La Diputación no ha recurrido y aseguran que Cabañero declarará si es necesario
Fuentes de la Diputación Provincial de Albacete han indicado a Efe que no se ha recurrido la providencia «porque el deseo es declarar cuanto antes ante el juez y que no se dilate el procedimiento» y ha asegurado que Cabañero declarará si le citan.
La Sala del TSJCM entiende que el cese del anterior jefe del Sepei y el nombramiento de uno nuevo «con atribución temporal de funciones» podría considerarse «una decisión arbitraria, dictada a sabiendas de su injusticia y, por tanto, constitutiva de un posible delito de prevaricación administrativa» porque el cambio de jefe no se sometió al «concursillo» previo entre funcionarios.
De esta forma, los magistrados consideran que pudo suponer «una vulneración de los derechos básicos que corresponden a los funcionarios de carrera de la Diputación Provincial».
El nombramiento fue anulado por decisión del juez
El nombramiento del nuevo jefe del Sepei está anulado por una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, como también explica el escrito del TSJCM.
En este sentido, la Diputación ha indicado que los servicios correspondientes están trabajando para ejecutar la sentencia que hace referencia a la plaza del jefe del Sepei ya que un plazo de dos meses y fue comunicada «a principios de este mes».
Las fuentes de la Diputación han señalado que «no existe delito alguno en las actuaciones realizadas» y así se esperan comunicar al juez en caso de que el procedimiento continúe.