Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar menores migrantes no acompañados, y Navarra, Cantabria y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, las que menos, según el real decreto aprobado este martes por el Gobierno con la oposición de la mayoría de autonomías, que cifra en 692 plazas la capacidad de acogida de Castilla-La Mancha.
La norma avalada en el Consejo de Ministros, que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades con mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
Las que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acoge a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
El real decreto supone, según ha expresado en una nota la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país»; así, a partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».
Sin embargo, la mayoría de comunidades rechaza el sistema, y, de hecho, diez gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional.
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