El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha pedido este miércoles, el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que la futura Ley de Movilidad Sostenible reconozca los desplazamientos laborales como un derecho social básico y universal.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en Toledo el secretario regional de Política Institucional y Desarrollo Territorial de CCOO, José Manuel Muñoz, quien ha explicado que entre las reivindicaciones principales del sindicato está el impulso de planes de movilidad accesible y sostenible, según ha informado la organización sindical en nota de prensa.
En este sentido, ha apostado por fomentar el uso del transporte público para ir al trabajo con precios asequibles, frecuencias suficientes, adaptándose a los horarios laborales, y que esto llegue a todos los trabajadores con independencia de su lugar de residencia o el tamaño de la empresa o administración pública.
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Muñoz ha opinado que el transporte público se ha visto durante mucho tiempo como la opción de quienes no tenían otra alternativa, si bien ha afirmado que «hoy debe ser la elección lógica, sostenible e inclusiva para todos».
Ha precisado que de las 800.000 personas que tienen que desplazarse para ir al trabajo en Castilla-La Mancha, un 72 por ciento lo hace en vehículo privado, frente a un 8 % que usa el transporte público, mientras que el 20 % restante lo hace a pie o en bicicleta, situándose la comunidad autónoma a la cola en el uso de transporte público para desplazamientos laborales.
Estos datos, ha dicho, están en el informe sobre movilidad laboral en la región que CCOO ultima para trasladárselo a las administraciones, ayuntamientos y diputaciones provinciales, y que llevará a las mesas de negociación para que se dé un impulso a la movilidad sostenible en el trabajo, mediante el fomento del uso del transporte público.
Ha añadido que estas cifras revelan también que un 43 % de las personas trabajan en su mismo lugar de residencia, un 34 % se desplaza dentro de la provincia, un 3 % lo hace a otras provincias y un 20 % a otras comunidades autónomas, sobre todo en busca de unas mejores condiciones salariales.