El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha retomado la investigación por la presunta estafa en la venta de vino de Valdepeñas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 inició la semana pasada los interrogatorios pendientes desde que, el pasado mes de octubre, imputara a las bodegas García Carrión y Félix Solís, así como sus máximos responsables, por la presunta comercialización fraudulenta de vino, entre 2017 y 2019, bajo la etiqueta de crianza, reserva y gran reserva vinos que «no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella».
El primero en prestar declaración ante el juez fue el presidente y administrador único de García Carrión, José García-Carrión Jordán, quien en calidad de investigado subrayó que “todo está en regla” en su bodega y que no existen «discrepancias» en lo que venden como vinos de crianza, reserva y gran reserva bajo la Denominación de Origen Valdepeñas.
García-Carrión indicó al juez instructor que aportará más documentación, así como pruebas periciales y datos que demostrarían que todo el proceso de etiquetado y venta es correcto.
Aseguró que no existen discrepancias, que está todo controlado y que las cifras de su bodega son posibles debido a que tenía excedentes de vino gracias a que cuando compraron la bodega Vinartis, en el año 2007, ésta contaba con 43 millones de litros de crianza, reserva y gran reserva en sus barricas, por lo que no está conforme con el informe policial al respecto.
Félix Solís niega que vendiesen más vino del que declaraban
Tras la toma de declaración de García-Carrión, este lunes llegó el turno del presidente y consejero delegado de Félix Solís, Félix Solís Yáñez, quien negó ante el juez que su compañía vendiese una mayor cantidad de vino tinto del que declararon al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas.
En su declaración como investigado, Solís defendió que la empresa no se ha apartado de la legalidad y aseguró que las irregularidades destacadas por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en su informe no son correctas.
A través de un comunicado, Félix Solís sostiene que «realiza adecuadamente las declaraciones de aptitud para todas las cantidades de vino producidas para su comercialización».
«Estas cantidades comercializadas anualmente por nuestra compañía son siempre comunicadas debidamente a los organismos oficiales de control, cumpliendo con la normativa vigente», ha añadido.
La compañía afirma que «durante sus más de 70 años de historia ha estado firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación, que garantizan la alta calidad» de sus vinos.
Félix Solís, que incide en que «ha mantenido en todo momento su colaboración con la justicia durante la investigación», añade que este lunes tuvo «la ocasión de aclarar los errores y omisiones de la investigación, con la esperanza de que todo se resuelva favorablemente lo antes posible».
Los informes desvelan irregularidades
Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que «no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella».
Con posterioridad, el magistrado acordó el sobreseimiento provisional de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes, dado que tras el examen de la documentación no se podía inferir que dichos investigados hubieran participado en una actividad ilícita.
En el caso de Félix Solís, explicaba en su auto, se pone de manifiesto que los investigados «han llevado a cabo una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas con las menciones crianza, reserva y gran reserva, en cantidades muy superiores a la declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, durante el periodo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, introduciéndolo en el tráfico económico».
Dicha documentación, continuaba el juez, «evidencia una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso».
El magistrado señalaba sobre García-Carrión que, al igual que la documentación presentada así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, «pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA, Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella».
Apuntaba además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.
El juez acordó también dirigir el procedimiento contra las certificadoras Sohicert SA. y Liec Agroalimentaria SL por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados. «Ello, por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación».