Doce asociaciones LGTBIAQ+ de Castilla-La Mancha han criticado que en la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, que se aprobó el pasado día 29 de mayo en las Cortes regionales, «no hay ninguna mención» al colectivo, un hecho que califican de «decepcionante» aunque «no resulta sorprendente», pues para el asociacionismo «continúa con la línea de desprecio» de la Junta hacia parte de la ciudadanía.
En una nota de prensa conjunta, las asociaciones han asegurado que en el nuevo Estatuto «encontramos referencias a varios colectivos vulnerables (…) pero ni una sola mención al colectivo LGTBIAQ+. Este hecho, si bien profundamente decepcionante, no resulta sorprendente: continúa en la línea política de desprecio y abandono hacia las personas del colectivo que el Gobierno de la región lleva tiempo perpetuando».
De esta forma, «al excluirnos del Estatuto, la Junta arranca con una nueva violación de nuestros derechos, dejando espacio para la ambigüedad jurídica y, por lo tanto, para la desprotección de todo individuo con una identidad de género u orientación sexual no normativa».
También han recordado «la nula voluntad de cumplir correctamente con la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, al dejar, por ejemplo, inoperativa de facto la única Unidad Multidisciplinar de Atención a las Personas Trans que existe en el Sescam (que, según nos consta, permanece con su plaza de endocrinología aún vacante); o al no conformar el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha».
Aseguran que la Junta «deja fuera al colectivo»
Para estas doce asociaciones, esto «se enmarca en la ola de LGTBIfobia que ha traído consigo el avance de la ultraderecha y que se ensaña especialmente con las personas trans. En pro de una supuesta lucha contra el «borrado de las mujeres», el Gobierno de C-LM, con su Consejería de Igualdad a la cabeza, ha decidido, negligentemente, dejar fuera al colectivo LGTBIAQ+ en su totalidad».
Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, una de cada cuatro personas LGTBIQA+ sufre discriminación en España, y las agresiones se han duplicado en un año. Más de 800.000 personas han sufrido acoso, otras tantas agresión, y más de un 1.200.000 han sufrido discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda.
Dentro del colectivo, las personas más afectadas son las más jóvenes y las más precarias, que sufren consecuencias en su salud mental (depresión, conductas autolesivas, ideación e intención suicidas) y que desarrollan una desconfianza en las instituciones que les lleva a la infradenuncia.
«Si lo que la Junta pretende es que la ciudadanía de C-LM permanezca en la región, lo que está consiguiendo con estas políticas es todo lo contrario: demostrarle a las personas LGTBIAQ+ que en Castilla-La Mancha no van a estar cómodas ni seguras y que sus gobernantes no se preocupan por su protección ni por su bienestar y empujándolas, de esta forma, al sexilio«.
«Por todo esto, exigimos, una vez más, que la Junta de Comunidades deje de adscribirse a las políticas de odio; que nos incluya en la reforma del Estatuto y que asegure el cumplimiento de la Ley 5/2022, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha; así como de la legislación estatal, a destacar la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI», ha acabado el comunicado.
