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domingo, 27 de noviembre de 2022
Contesta la Diputación - 29 septiembre 2017 - Cuenca

La Diputación de Cuenca ha emitido un comunicado sobre la incoación de expediente disciplinario contra 16 trabajadores del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios a raíz de la campaña «#AsíNoBenjamín’ (contra el despido de un bombero y el traslado forzoso de otro), en el que se comunica que «por estos hechos podría imponerse una sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses, traslado forzoso sin derecho a indemnización o despido«.

Añaden que el expediente ya ha sido notificado por correo certificado a los afectados y al Comité de Empresa.


[ze_summary text=»Se han recibido escritos de amparo de bomberos que se sienten muy perjudicados por la campaña»]Se han recibido escritos de amparo de bomberos que se sienten muy perjudicados por la campaña[/ze_summary] 

Según la Diputación, este expediente «se forma, entre otros motivos, a raíz de la recepción en el Departamento de Personal de varios escritos de petición de amparo por parte de trabajadores del Servicio Provincial de Bomberos que se sienten muy perjudicados por esta campaña en contra del despido del bombero José y el traslado forzoso de otro compañero».

Señalan, además, que en este expediente «se considera que estos empleados han trasladado a la opinión pública, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, una información no veraz en unos casos y tergiversada en otros, y han expresado sus pensamientos, ideas y opiniones sobre los acuerdos adoptados, falseando o enmascarando la realidad de los hechos».

«Grave perjuicio a la institución»

«De ahí», prosigue la institución provincial, «que en este proceso administrativo se entienda que la conducta y las actuaciones realizadas en la campaña «Así no, Benjamín», podrían ser consideradas ilegales y es obvio que están causando un grave perjuicio a esta institución, a otros compañeros y de manera particular a la Presidencia».

En este sentido, se asevera textualmente que «podrían ser consideradas ilegales, tanto por los instrumentos y los métodos que se están utilizando como por las pretenciones de sus autores, ya sean estas, las de conseguir mediante la presión social la revisión de un acuerdo del despido disciplinario de uno de estos empleados o el traslado forzoso de otro de los intervinientes, sustrayendo así a la decisión de los jueces y tribunales de lo Social la posibilidad de revisar unos actos que son ya irrevisables por la vía administrativa o la de criticar ni solo al presidente de la Administración provincial por la decisión adoptada en la resolución de uno de los expedientes disciplinarios, porque en el otro -el del traslado forzoso- ni siquiera ha sido él quien ha adoptado el acuerdo».

 

 

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