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martes, 30 de abril de 2024
María José Mesas y Javier Cabrero, en rueda de prensa de CCOO Cuenca.
María José Mesas y Javier Cabrero, en rueda de prensa de CCOO Cuenca.
Condena a los adminstradores concursales 31/10/2023noviembre 14th, 2023 - Cuenca

El Tribunal Supremo ha confirmado que los administradores concursales de la empresa cárnica Luis Loriente SL, de Tarancón (Cuenca), está obligada a pagar los 23 salarios que dejó sin abonar. El fallo del Alto Tribunal condena a los administradores concursales al pago de 292.846 euros más los intereses generados, una información que ha adelantado eldiario.es.

El sindicato CCOO Cuenca ha celebrado el fallo y ha celebrado que el Supremo ratifique que los administradores concursales actuaran «indebidamente al dejar de abonar los salarios de 23 afiliados y afiliadas de CCOO, cuando otras personas trabajadoras sí recibieron sus salarios», ha subrayado María José Mesas, secretaria general del sindicato en Cuenca.


El caso se inició en 2017, cuando la empresa entró en concurso de acreedores y los administradores dieron fin al concurso. «No nos convenció», ha explicado Mesas en rueda de prensa. «Instamos al juzgado a no aprobar esas cuentas, porque otros trabajadores habían cobrado, pero no cobraron los 23 afiliados de CCOO en la plantilla; incluso abonaron pagos a empresas acreedoras», ha explicado la responsable del sindicato.

En 2020 se produjo la primera sentencia, por parte del Juzgado de Primera Instancia, que obligaba al pago de los salarios de estos 23 trabajadores. Ese fallo también lo ratificó la Audiencia Provincial conquense y ahora lo ha hecho el Supremo. La Audiencia Provincial de Cuenca inhabilitó a los dos administradores en 2020 por seis meses.

Los administradores responderán con su patrimonio personal

Una de las particularidades de este caso es que el Supremo obliga a los administradores concursales a responder de los pagos con su patrimonio personal. «Es la primera vez que se condena a unos administradores concursales a responder con su patrimonio personal por el daño económico causado», ha dicho Mesas.

A su vez, el abogado del sindicato, Javier Cabero, también ha sido tajante: «Si desde el principio se hubiera actuado conforme a la ley no hubiéramos llegado hasta aquí». Ahora «el máximo interés es que los trabajadores cobren», ha indicado Cabero.

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