“Agradecemos la buena sintonía con los agentes sociales y la confianza absoluta y lealtad institucional que existe”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que la voluntad de acuerdo y el clima de consenso “viene siendo siempre una tónica común de nuestras relaciones, pero que se ha visto reforzada por la necesidad de fijar mediante acuerdo las prioridades inmediatas de la recuperación económica y social de la región”.
Ese espíritu de consenso se ve fortalecido en las actuales circunstancias, “para avanzar en las decisiones que tome el Gobierno, en el marco del diálogo social con los agentes sociales, para paliar los efectos de la crisis en pymes, trabajadores y autónomos”, y que tienen como fin “que la paralización de la actividad productiva, que ha llevado el latido económico de la región a un ritmo basal, no se cronifique y no tenga efectos estructurales en nuestra economía, y podamos avanzar rápido en la reconstrucción”, ha explicado Patricia Franco.
La concertación entre el Gobierno regional y los agentes sociales plantea entre sus líneas medidas en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y la seguridad en el entorno del trabajo. Franco ha anunciado que el Ejecutivo autonómico destinará más de 2,1 millones de euros a este eje, con líneas destinadas tanto a la reducción de la siniestralidad laboral como a la inversión para la contención de los posibles contagios por COVID-19 en el entorno de trabajo.
“Contemplamos una serie de medidas que van a ir encaminadas a sufragar las inversiones que tengan que realizar empresas y autónomos en el ámbito preventivo, no solo para frenar la siniestralidad laboral, que ha sido siempre una de las estrategias que ha marcado nuestra política en el ámbito del trabajo, sino también para prevenir la expansión del virus en el lugar de trabajo, una vez que se recupere la actividad productiva y volvamos a la normalidad”.
Paliar los primeros efectos de la crisis
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la voluntad de los agentes sociales de llegar a un acuerdo en un plan de medidas para evitar que el impacto coyuntural del COVID-19 tenga secuelas estructurales en la economía castellano-manchega.
Page ha presidido la reunión con los agentes sociales, en la que ha ahondado en un plan de medidas propuesto por el ejecutivo autonómico para encarar los primeros efectos de la crisis del COVID-19, y que sitúa la prevención de riesgos laborales como una de sus líneas de acción.
En la reunión han estado el vicepresidente del Gobierno, Jose Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Más del 99 por 100 de ERTE resueltos y solicitudes para avales por 6 millones
Franco ha valorado el planteamiento de las medidas futuras para la recuperación económica de la región y el impacto de aquellas que ya se han puesto en marcha, como la agilización en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la Línea Aval COVID-19, para garantizar el acceso a la financiación de pymes y autónomos de la región.
En la primera de estas medidas, la agilización en la tramitación y la resolución de ERTE, ha subrayado que en la región “hemos resuelto ya el 99 por ciento de los expedientes que se han presentado”, evitando recurrir, salvo alguna excepción puntual, al silencio administrativo, lo cual refuerza la seguridad jurídica para trabajadores y empresas. La consejera ha explicado que los ERTEs presentados en la región alcanzan a más de 100.000 trabajadores.
En el caso de la Línea Aval COVID-19, ha avanzado que se están tramitando, por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca, 64 solicitudes de aval, lo que supone un importe aproximado de 6 millones de euros. La Línea Aval COVID-19 está dotada inicialmente con 15 millones de euros para respaldar operaciones de financiación para pymes y autónomos de la región. Los avales respaldan operaciones de entre uno y cinco años, y tienen un coste operativo cero para pymes y autónomos, ya que este es asumido por el Gobierno regional.
Además, dentro de las medidas articuladas desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la línea de atención especializada a trabajadores, empresas, autónomos y ayuntamientos, habilitada en el número de teléfono 900 22 22 32 y a través del correo electrónico empresasyempleo.covid19@jccm.es, ha atendido ya casi 3.320 consultas.