El Gobierno regional ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha para su envío a las Cortes regionales, a las que va a solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia.
El objetivo, que la estrategia funcione cuanto antes
De ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos semanales del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, con esta tramitación por vía de urgencia, «tenemos la intención de que se quede aprobada esta ley a lo largo del mes de abril con el fin de que la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que se está diseñando en este momento, entre en funcionamiento cuanto antes».
Blanca Fernández ha añadido que esta ley es una «apuesta definitiva» por las zonas rurales, que continua el esfuerzo inversor que viene haciendo el Ejecutivo regional para consolidar servicios que fueron recortados, para garantizar la igualdad de oportunidades, y que hace frente al reto demográfico, un reto muy importante para una región como Castilla-La Mancha en la que «cientos de miles de personas viven en pequeñas zonas rurales y quieren seguir viviendo allí. Y el Gobierno de Emiliano García-Page tiene claro que no va a escatimar esfuerzos para que la calidad de vida sea óptima en las zonas rurales de nuestra región».
Así es la nueva ley
La ley se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recoge, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes tipos de zonas rurales (Título II); el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos (Título III).
Así como la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables o la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial y en el de la cohesión social medidas de apoyo a la conciliación y las familias que se plasman en el Titulo IV; o los beneficios fiscales para quienes residan en las zonas más afectadas por la despoblación del Título VI.
Para finalizar, Blanca Fernández ha avanzado que se ha cerrado el proceso de participación por el que se ha preguntado a la ciudadanía sobre once cuestiones a desarrollar para elaborar la Estrategia Regional frente a la Despoblación relacionadas con las razones para vivir en el medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, entre otras. En total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.
Un plan normativo «ambicioso»
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades para 2021, «un plan ambicioso que contempla 14 proyectos de ley y 68 decretos, cifras muy importantes que indican que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar y que demuestra dos cosas: la importancia que tiene la estabilidad política en estos momentos y la conciencia clara del ejecutivo de Emiliano García-Page de que estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía y que la estabilidad política se debe resolver para eso».
Blanca Fernández ha explicado que todas las consejerías tienen alguna iniciativa, sea vía ley o decreto, y ha dado algunos ejemplos como la Ley de garantías y medios para la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo; la Ley de Vivienda; el proyecto de Ley para agilizar y simplificar procedimientos para la gestión de los Fondos Next Generation de la UE; la Ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema sanitario, el proyecto de ley de Igualdad para modificar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres así como continuar con la Ley LGTBI.
Por lo que respecta a las iniciativas reglamentarias, Blanca Fernández ha citado algunos ejemplos, como el Decreto de creación del Observatorio de Precios de la cadena agroalimentaria; la ordenación de prestaciones económicas en materia de servicios sociales; la regulación de la figura del Municipio Turístico; el Observatorio de Comercio y la Red de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha, entre otras.