El Gobierno ha indultado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y al exdirector general de Globalcaja, Miguel Ángel Calama, de la condena que les impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa por hechos acaecidos cuando ambos eran responsables de Banesto.
Según una nota remitida por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros ha decidido «indultar parcialmente» a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, «una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley».
Calama, tras dejar Banesto fue director general de Caja Rural de Ciudad Real y posteriormente de Globalcaja, entidad de la que fue prejubilado el 27 de diciembre de 2011.
El Gobierno ha explicado que «la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se ha limitado a admitir que «se había tratado» este asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados por el Gobierno para conceder el indulto ni explicar tampoco por qué se ha decidido sobre este tema ahora, con el Ejecutivo en funciones».
También dijo que no sabe si el PP -en pleno traspaso de poderes y a la espera de formar Gobierno- sabía o no que en la reunión del Ejecutivo se iba a indultar a Sáenz, ya que, aunque conocen el orden del día del Consejo, en él no se especifica a quién se refieren los indultos.
El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto, que entonces presidía Sáenz después de adquirirlo en subasta el Santander tras ser intervenido, emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos.
En ese marco, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido y consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que sufrió diversos avatares hasta que en mayo de 2006 el Tribunal Supremo ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que continuara con su tramitación.
En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados «tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella» y que actuaron de esa manera como «medida de presión» contra los industriales.
De esta forma, el citado tribunal condenó a Sáenz a seis meses de prisión por el delito continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal, tras estimar parcialmente un recurso presentado por los tres condenados.
Tras el recurso, el Tribunal Supremo redujo la sentencia a tres meses de prisión y suspensión de cargos en entidades bancarias, y Sáenz solicitó el indulto al Gobierno.