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Las cuentas claras 27/03/2012junio 13th, 2017

La Diputación de Toledo tiene pendiente de pago 1.516 facturas de 329 proveedores, que suponen 2.340.390,99 euros, del ejercicio de 2011 y a 15 de marzo de 1012, según se ha dado cuenta en el Pleno ordinario celebrado esta mañana. La Intervención General aportaba este dato en virtud del real Decreto Ley por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de la entidades locales. Además, las dos mociones presentadas por el Grupo Socialista, una a favor de la proposición de Ley de Garantía de los Pagos a las Corporaciones Locales, y la seguna sobre la aprobación de un Plan de Empleo, fueron rechazadas por el equipo de Gobierno del Grupo Popular.

El portavoz del Grupo Socialista, Álvaro Gutiérrez, lamentaba el «no» del PP ya que  «podría dar empleo a 6.000 parados». Ha reiterado que dicho Plan podría haberse hecho efectivo con el remanente de tesorería que ha estimado en 15 millones. Para el portavoz socialista, tal rechazo «confirma que para el PP el empleo no es una prioridad». Al respecto, recordó «la promesa hecha por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, hace diez meses, cuando afirmaba que lo primero es el empleo». En dicho contexto, Gutiérrez criticó el hecho de que el Gobierno regional, desde que gobierna Cospedal, «no ha puesto en marcha ningún plan de empleo». El portavoz socialista ha asegurado que su partido, «incluso en los peores momentos, sí lo hizo».


Gutiérrez, por último, aportó estos datos: «Porque estamos hablando de  85.944 parados en la provincia de Toledo; de 9.000 nuevos parados incorporados a las listas del desempleo en los últimos diez meses, los que lleva gobernando el PP; y de 36.691 desempleados que, desde finales de enero, no cobran ningún subsidio y han agotado sus prestaciones».

Frente a este lamento por el rechazo del PP a la moción sobre el Plan de Empleo, el vicepresidente portavoz del equipo de gobierno, Jaime Ramos, ha mostrado su «contrariedad» por la moción, basada en un supuesto Remanente de Tesorería que según él «no se ajusta a la realidad», por lo que ha sido calificada por Ramos de «inadecuada pues en el pleno anterior se dio cuenta de que el remanente de la Diputación era de algo más de 9.500.000 de euros». «Además», ha añadido, «no se puede gastar este remanente en una sola acción, pues esta casa necesita ese dinero para ir pagando las malas prácticas que se han hecho en la anterior legislatura”.

Asimismo, Jaime Ramos ha dejado clara «la voluntad de la Diputación en la creación de empleo, señalando que la Diputación de Toledo colaborará con el resto de administraciones competentes en materia de empleo tantas veces como lo demanden dentro del marco legal y en todas y cada una de las acciones tendentes a crear las condiciones idóneas para la creación de empleo».

«NO» DEL PP A LA MOCIÓN PARA GARANTIZAR LOS PAGOS A LAS CORPORACIONES LOCALES

Por otro lado, el Grupo Socialista pidió el «sí» al PP a una moción que pretendía el apoyo a la proposición de Ley de garantías de los pagos a las corporaciones locales, pero el equipo de gobierno del PP también la rechazaba. Álvaro Gutiérrez mostraba su disconformidad con el principal argumento utilizado por el Grupo Popular para votar en contra, ya que considera que «si algo no es esta iniciativa legislativa es partidista, porque lo que garantiza a todos los ayuntamientos, sean del signo político que sean, es que la Junta de Comunidades dé el dinero para prestar servicios en sus localidades”.

 El portavoz socialista defendía que «resulta necesario establecer una serie de garantías en favor de las corporaciones locales de la región, para que la igualdad de acceso a los servicios públicos no suponga ningún riesgo para la situación financiera de los ayuntamientos”.

 La proposición de Ley elevada a las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista proponía la necesidad de establecer fórmulas de pago anticipado de los convenios y subvenciones destinados a la financiación de los servicios de atención directa a los ciudadanos y plazos máximos de pago de las ayudas para la financiación de las infraestructuras municipales.

Por contra, acerca de esta moción y de la anterior, el equipo de gobierno ha considerado que «los asuntos en ellas tratados no pueden ser politizados y responder a los dictados del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, como ocurre en el caso de la moción a favor de la proposición de Ley de Garantía de los Pagos a las Corporaciones Locales», según ha manifestado Jaime Ramos en el transcurso del pleno ordinario.

Jaime Ramos ha señalado al respecto que «lo que demandan los ayuntamientos es que se les ayude a pagar el gasto corriente, las nóminas, la electricidad y el agua, y eso es lo que se está haciendo». Y ha recalcado: Fue lo hicimos el pasado año, poniendo en marcha distintos mecanismos que supusieron 18.000.000 de euros. Y lo hacemos ahora, con un presupuesto austero, pero que, de momento, pone encima de la mesa otros 6.000.000 de euros para los ayuntamientos».

APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La sesión plenaria dio más de sí, como la aprobación de una modificación presupuestaria de 893.939 euros. De dicha cantidad, 750.000 euros servirán para cubrir el crédito suplementario, correspondiente a la anualidad del 2012, del convenio de cooperación económica con la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, para la mejora de infraestructuras de caminos rurales. Los 73.939 euros restantes se emplearán en el pago de los intereses de demora a abonar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como consecuencia del reintegro parcial del importe de la subvención otorgada a la Diputación para la financiación del programa “Reparación de los daños causados por las inundaciones producidas durante el mes de mayo de 2007”. Además, se ha aprobado otra partida de 70.000 euros para cubrir los intereses generados por el retraso de algunos pagos en el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, con el fin de su coste no repercuta ni sobre el Consorcio ni sobre los ayuntamientos. El Grupo Socialista votó que no a esa modificación por considerar que el dinero del convenio con la Consejería se debía haber destinado a planes de empleo y no al arreglo de caminos.

Por útimo, en el Pleno también se ha dado cuenta de dos decretos de la Presidencia otorgando al diputado Pablo Fontelos la delegación de Industria y Energía, así como su nombramiento como vocal en la Comisión Informativa de Cooperación, Cultura, Educación, Juventud y Deportes.

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