El próximo 10 de noviembre se abrirá en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio con jurado popular por el triple asesinato de un matrimonio y su hija en un chalé de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024, un proceso que se prolongará, en principio, hasta el 19 de este mismo mes y donde la Fiscalía pide para uno de los tres encausados y presunto autor material del triple crimen, F.P.S., de 29 años, la pena de prisión permanente revisable, así como 5 años de cárcel para los otros dos encartados.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, al que ha tenido acceso Europa Press, procede imponer a F.P.S. la pena de prisión permanente revisable así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por los asesinatos de A.E.V. (52 años), E.F.G. (53 años) y su hija L.V. (22 años), a lo que hay que sumar otros 5 años más por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma y otros 3 por daños por el incendio de la vivienda.
En el apartado civil, la Fiscalía reclama a F.P.S. una indemnización superior a 560.000 euros en total, de los que 400.000 corresponderían a Y.V.F., hijo y hermano gemelo de la hija también fallecida, que no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos y único superviviente directo del núcleo familiar, y algo más de 163.000 euros por las reparaciones realizadas en el chalé a la compañía aseguradora Mutua Madrileña.
Para los otros dos acusados y presuntos cómplices C.B.M. –pareja en el momento de los hechos de L.V.– y D.M.A., una pena de 5 años para cada uno por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma en concepto de «cooperadores necesarios» en dicho robo.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, entre los meses de febrero y abril del pasado año, el acusado C.B.M. «se concertó» con el también acusado F.P.S. para realizar un robo en la vivienda familiar de su pareja L.V, al creer que poseían una «valiosa coleccíón de relojes y dinero en efectivo».
El novio de la víctima habría proporcionado a F.P.S. información detallada sobre las rutinas de la familia, la distribución de la vivienda y la ubicación de los objetos de valor que había en ella. Así, el 12 de abril de 2024, el presunto autor del triple asesinato se dirigió a la vivienda acompañado de D.M.A., que debía esperar en el exterior para auxiliarle.
Armado con una bayoneta de 39,5 centímetros y una navaja, F.P.S. accedió al interior de la casa por la terraza de la cocina. En la planta superior sorprendió al matrimonio durmiendo en su dormitorio y al despertarse estos, «con ánimo» de acabar con la vida de ambos, asestó al padre, A.E.V., 29 puñaladas que destruyeron órganos vitales; a la madre, E.F.G., le provocó la muerte tras 14 cuchilladas que perforaron ambos pulmones. Cuando la hija de la pareja, L.V., trataba de huir por la escalera, el acusado le impidió el paso y le infligió otras siete cuchilladas, una de ellas en la zona cervical que seccionó vasos y nervios vitales.
«Excediéndose del plan convenido, aprovechó la indefensión de las víctimas, que tenían mermada su capacidad de respuesta al ser sorprendidos en la tranquilidad de su dormitorio, para atacarles brutalmente», recoge literalmente el escrito de la Fiscalía. Posteriormente, F.P.S se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo y con la intención de ocultar los hechos prendió fuego a la vivienda y huyó. Dos días después era detenido.
Si bien inicialmente el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara acordaba la medida cautelar de prisión provisional para los tres encausados, en la actualidad solo F.P.S. se encuentra en prisión.
El proceso se celebrará ante un tribunal con jurado, a quienes se pedirá que se pronuncien sobre la inocencia o culpabilidad de los tres acusados tras escuchar las declaraciones de estos, de los testigos –entre ellos el propio Y.V.F.–, atender los atestados de la Guardia Civil, informes forenses sobre las autopsias, análisis de ADN, periciales de telefonía móvil y las actas de los bomberos que sofocaron el incendio.
La prisión permanente revisable, vigente en España desde 2015, es la pena más grave del Código Penal. Supone una condena de duración indefinida, pero con revisiones periódicas a partir de un tiempo mínimo de cumplimiento, que en casos de asesinatos múltiples puede superar los 25 años.
El juicio oral servirá para dirimir si los tres acusados son responsables de los hechos en los términos planteados por la Fiscalía y será finalmente el jurado popular, bajo la dirección técnica del magistrado presidente, quien determine el veredicto.
