La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha calculado que el coste total para sufragar las líneas de autobús que propone el Ministerio de Transporte en el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por autobús tendría un coste para las arcas regionales de 16 millones de euros, frente a los 7 millones que propone aportar el Gobierno central.
Fuentes de la Consejería de Fomento han informado a EFE de esta estimación, que el Ejecutivo regional ha trasladado en su respuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que había dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el 15 de septiembre para que decidieran si aceptan o no el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por autobús, en el que está previsto que las regiones gestionen sus tráficos interiores.
Tras analizar un «estudio detallado» en el que se han identificado las «necesidades concretas para garantizar la adecuada prestación de los servicios de transporte» en la comunidad autónoma, la Consejería de Fomento ha concluido que el nuevo mapa concesional propuesto deja sin parada a 347 municipios, lo que supone la pérdida de 3.181 trayectos que actualmente permiten su conexión.
Ante esta situación, la Junta de Comunidades ha considerado inviable asumir los tráficos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) deja de prestar, pues ha denunciado que no existe una fórmula de financiación que cubra íntegramente el déficit generado por las rutas afectadas ni una «definición clara» del periodo de financiación.
El coste sería superior a la aportación del Estado
De hecho, ha señalado que el estudio realizado estima que el coste total necesario para sufragar las expediciones planteadas asciende a 16 millones de euros, mientras que la propuesta de financiación presentada por el Ministerio contempla una aportación de tan solo 7 millones de euros.
La Junta de Castilla-la Mancha ha reiterado su disposición para planificar y poner en funcionamiento las rutas necesarias y ha procedido a la elaboración detallada de cada uno de los itinerarios.
No obstante, ha incidido en que esta actuación queda supeditada a la existencia de una financiación garantizada que permita su implementación con plena seguridad jurídica y presupuestaria.
En lo que respecta a los trayectos que se propone sean prestados por otras comunidades autónomas en zonas limítrofes, la Junta de Comunidades ha afirmado que no presenta objeción alguna, siempre que se respeten los principios de coordinación interterritorial.
Finalmente, ha soliciado que se continúe trabajando de manera conjunta más allá del 15 de septiembre de 2025, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple un modelo de financiación adaptado a las particularidades de Castilla-La Mancha.