«Una pequeña revolución administrativa». Con estas palabras, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha definido la futura ley que quiere implementar el Gobierno regional, la Ley de Medidas de Simplificación Administrativa. Se trata de una novedosa legislación para «atender con mayor celeridad las demandas de los ciudadanos y dar resolución a los expedientes» de manera más rápida y eficaz.
El vicepresidente primero ha informado en rueda de prensa que ha trasladado esta novedosa propuesta a los agentes sociales (CCOO, UGT y Cecam) en el pleno del Consejo de Diálogo Social, el organismo en el que se dan cita para fortalecer «el diálogo social en Castilla-La Mancha». «He pedido ayuda a los agentes sociales de la región. Esta ley es clave para el mundo empresarial y la actividad económica», ha explicado Guijarro.
Por partes, el proyecto que plantea la Junta regional tiene cuatro pivotes: que los silencios administrativos sean positivos por ley; reducir el papeleo de autorizaciones y licencias a través de una «declaración responsable»; extender el uso de «entidades colaboradoras de la administración»; y, sobre todo, la introducción de un «espacio ciudadano» digital en el que la Administración pueda conocer los perfiles de los ciudadanos y anticiparse a las posibles ayudas que podrían solicitar.
Estas propuestas comienzan a ponerse encima de la mesa, por lo que su traducción a la realidad requerirá un tiempo y unos procesos que alargarán este texto. Aun así, el Ejecutivo castellanomanchego quiere tener listo el texto «para 2024» y que «las Cortes lo puedan aprobar», en palabras de Guijarro.
Usar la IA para anticiparse a los ciudadanos
Una de las grandes novedades que propone el Gobierno regional es una especie de ‘banco de datos personal’ para que la administración pueda informar directamente a los ciudadanos de qué ayudas y prestaciones le corresponden. «Para que las subvenciones no necesiten solicitar ciertos tipos de ayudas y, a través de la IA, facilitar la prestación de ese servicio porque reúne los requisitos de ayuda», ha añadido el Guijarro.
Para ello, el Gobierno de CLM tendrá que «redoblar» los recursos tecnológicos en la administración, tanto para informar a los ciudadanos directamente de las ayudas que pueden solicitar como para admitir las licencias y autorizaciones de manera directa.
De manera paralela, el uso de la tecnología también serviría para otros de los objetivos que se marca la Junta con esta nueva ley: reducir la burocracia de autorizaciones y licencias, «sustituir todas las posibles por una comunicación responsable», en palabras de Guijarro. De este modo, los ciudadanos no tendrán que esperar la concesión de determinadas licencias, «sino que será suficiente con una declaración responsable que afirme que cumple la obligada norma». Es decir, que se concedan las licencias de manera general y la Junta solo se encargaría de revisar si se cumple, en vez de dedicar recursos humanos y económicos a las concesiones.
El «silencio positivo como regla general»
Otro de los grandes cambios normativos que quiere abordar Castilla-La Mancha es el cambio de paradigma en «los silencios administrativos» — aquellas ocasiones en las que la administración no responde a las solicitudes —. Por eso, el vicepresidente regional quiere que el «silencio positivo sea la regla general», o lo que es lo mismo: que cuando la administración no contesta sea por una noticia buena (que renuevan la concesión, por ejemplo) y no por una mala (que se revoque una prestación).
Por último, el Gobierno castellanomanchego quiere impulsar la figura de las «entidades colaboradoras». La meta de la nueva ley será «regular esa figura como un órgano más para analizar proyectos, expedientes y comprobar el cumplimiento de la normativa.