Este primer día de junio entra en vigor la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, que fue aprobada el 5 de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha por unanimidad de los tres grupos políticos con representación.
Garantía de derechos
Transcurridos 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) entra en vigor esta norma que viene a garantizar los derechos humanos y constitucionales del colectivo LGTBI, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación.
La ley tiene como objeto la consolidación y ampliación de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o trans e intersexuales, y la adopción de medidas concretas mediante la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, evitando situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Castilla-La Mancha se pueda vivir la diversidad sexual en plena libertad.
Prohibición de terapias o pseudoterapias
La norma prohíbe toda práctica de terapias y pseudoterapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad sexual, el desarrollo sexual o la expresión de género de las personas LGTBI cuyas consecuencias para la salud mental son perniciosas.
Unanimidad y ovación: aprobada la Ley LGTBI en Castilla-La Mancha
Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de esta ley es promover estudios que aporten datos sobre esta realidad y regular la garantía estadística de los mismos, al tiempo que se compromete con la protección de la infancia y la adolescencia.
Se crea el Consejo LGTBI
También se crea la comisión de Diversidad, el Consejo LGTBI, como un órgano consultivo y de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI e incluye la puesta en marcha de un sistema de acogida residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión a causa de su orientación sexual.
Los obispos, «preocupados»
Ha sido la última ley en aprobarse en el Parlamento autonómico y ha motivado que los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo (Archidiócesis de Toledo y diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara) hayan expresado su preocupación porque, en su opinión, el planteamiento antropológico que subyace «es contrario a la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología».