Los sindicatos UGT y CCOO han interpuesto una demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra la decisión del Gobierno regional de limitar el disfrute de las vacaciones anuales de los empleados al 14 de septiembre, porque vulnera derechos fundamentales.
En una nota de presa, UGT ha justificado la presentación de esta demanda por parte de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de Castilla-La Mancha, porque considera que en al publicar la instrucción de la Dirección General de Función Pública publicada «se vulneran derechos fundamentales» de los trabajadores de la Administración autonómica.
Mientras, CCOO ha lamentado que esta instrucción se haya emitido sin convocar ni la mesa sectorial del personal funcionario ni la comisión negociadora del VIII convenio colectivo del personal laboral, además de que ni siquiera ha sido comunicada de manera oficial a los sindicatos.
Asimismo, CCOO también ha interpuesto recurso, al igual que otros sindicatos, contra la resolución de Función Pública sobre la reincorporación al trabajo presencial en la Administración autonómica.
«No se ha tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores»
UGT ha criticado que no se haya tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores para elaborar esta instrucción de la Dirección General de Función Pública, publicada el pasado 4 de junio, que establece que todo el personal de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «deberá disfrutar de la totalidad de sus vacaciones de 2020 antes del 15 de septiembre».
La medida no ha sido negociada ni consultada con los representantes de los trabajadores, ha advertido UGT, que considera que «vulnera lo establecido en toda la normativa y en la Constitución Española».
En este sentido, el responsable del sector autonómico y sociosanitario de la FeSP de Castilla-La Mancha, ha calificado de «inadmisible» esta «imposición», porque a su juicio «va en contra de toda normativa y vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución al limitar el periodo de disfrute mucho más allá de lo establecido para este personal en sus regulaciones específicas».
CCOO ha considerado que el Gobierno regional «está provocando, sin razón aparente, un aumento del nivel de conflictividad a base de restringir de forma unilateral y sin necesidad ni fundamento los derechos de sus trabajadores, con medidas que no se justifican y que en algunos casos pueden incluso resultar contrarias a los intereses generales».
De igual forma, ha criticado que el Ejecutivo autonómico prescinde «cada vez más» de cualquier interlocución con la representación legal de los trabajadores y «desprecia de antemano cualquier opinión, propuesta o reivindicación».
«Un nuevo ataque a los servicios y a los servidores públicos»
Monforte ha lamentado «este nuevo ataque a los servicios y a los servidores públicos después de haber sido los garantes de unos servicios públicos de calidad imprescindibles en los peores momentos de la COVID-19», y ha aseverado que «ni siquiera en los peores momentos de Cospedal se planteó una instrucción tan despótica y lesiva para el conjunto de empleadas y empleados públicos».
Asimismo, UGT ha denunciado «que la Junta este ejecutando todas las decisiones relativas a sus trabajadores sin llevar a cabo ningún tipo de negociación», y ha avisado de que «no permitirá más retrocesos en los derechos del personal».
Al respecto, el sindicato ha recordado hace unos días presentó otra denuncia ante el TSJCM, en este caso «por dictar la incorporación del personal a sus puestos de trabajo presencial sin negociar medidas de conciliación como han hecho en el resto de administraciones del país y, especialmente, sin ninguna garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID-19».
Se está exponiendo al personal «a riesgos innecesarios» y sin que se hayan establecido «protocolos claros que garanticen la protección de la salud», ha indicado UGT, que ha añadido que por el momento las dos organizaciones sindicales que finalmente denunciaron por este motivo a la Administración autonómica siguen a la espera del posicionamiento del TSJCM.