El proyecto de ley de ampliación de medidas del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno contiene una batería de cambios en la legislación regional, entre ellos la derogación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda o la supresión de la obligatoriedad de destinar el 6 por 100 del PIB a Educación. Así consta en el proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, calificado por la Mesa de las Cortes y para cuya tramitación se ha aprobado un período extraordinario de sesiones.
El proyecto, consultado por Efe, incluye las principales medidas anunciadas por el Gobierno regional para tratar de reducir la deuda y el déficit que arrastra la administración, tanto el aumento de la jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media o la bajada de su sueldo durante 2012.
En ese contexto, el Gobierno argumenta que, gracias a la reducción del 10 por 100 del complemento específico y asimilados de los empleados de la Junta (nunca más del 3 por 100 del salario bruto individual), ahorrará 100 millones de euros.
También incluye el texto normativo otras medidas de carácter laboral, como la congelación de la oferta de empleo público, la reducción de un 15 por 100 de las guardias de los médicos o la reducción de la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.
Al margen de las cuestiones laborales, el texto contiene medidas novedosas, como la derogación de la ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, aprobada en el último tramo de la pasada legislatura.
En materia educativa, el proyecto de ley que se ha remitido a las Cortes suprime de la Ley de Educación de la comunidad la obligatoriedad de destinar el 6 por 100 del PIB regional a educación, vigente desde 2010, si bien no se cumplió en los presupuestos de 2011.
Como se había anunciado, se elimina la gratuidad de los libros de texto, pero también desaparece el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos o alumnas en Infantil y Primaria.
Asimismo, en la ley se incluyen medidas para regular la concesión de complementos de las pensiones a mayores de 65 años que vivan solos y a las viudas.
En el caso de la atención a víctimas de violencia machista, se asegura por ley que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrán un centro de urgencia o una casa de acogida, cuando ahora ese umbral se sitúa en 25.000 habitantes.
Asimismo, la nueva ley modificará la ley de Servicios Sociales de la región para establecer, por ejemplo, que sólo se pague a las residencias concertadas por el número de plazas efectivamente ocupadas.
También se suprime el artículo que establece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia.
La ley de garantías de la atención sanitaria también se ve modificada para aclarar que los pacientes que no sean atendidos en los plazos máximos fijados podrán acudir a otro centro, pero sólo entre aquellos que les oferte su hospital de referencia.
En materia de universidades, la ley mandata a la Junta a dictar normas y procedimientos para el control presupuestario de esos centros educativos.
Asimismo, la ley modifica o suprime diferentes acuerdos entre la administración y los sindicatos sobre condiciones laborales y salariales.