El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado la bienvenida a los 46 nuevos empleados públicos (31 hombres y 15 mujeres) del turno de discapacidad intelectual que se han incorporado a la Administración regional, siendo ya 146 las personas que con discapacidad que trabajan en la Junta de Comunidades.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido el acto en el que se ha recibido a los nuevos empleados, que han superado un proceso selectivo «independiente, adaptado e inclusivo» de la Oferta de Empleo Público 2023-2024 de Administración General, tras la modificación puntual de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma en 2019.
Ruiz Molina ha puesto en valor «el compromiso» del Gobierno regional con una función pública cada vez «más inclusiva, accesible y justa, pero, sobre todo, con las personas que más necesitan el apoyo de la Administración y de la sociedad. Un gobierno que cumple el objetivo de nunca dejar a nadie atrás».
Una total de 146 plazas mediante este sistema inclusivo
Con estas nuevas incorporaciones ya son 146 las plazas de personal funcionario y laboral de la Junta cubiertas por personas con discapacidad intelectual mediante este sistema inclusivo, el 60% de todo el personal funcionario y laboral con discapacidad intelectual en la Junta.
Además, el consejero ha avanzado la convocatoria de un cuarto proceso selectivo independiente en el segundo semestre de 2027, en el que se agruparan las plazas reservadas en la oferta de empleo público de 2025-2026 de Administración General, que ha estimado que sumará 40 nuevas plazas.
De las 46 plazas adjudicadas, el consejero ha explicado que 29 corresponden a personal funcionario, principalmente en la categoría de auxiliar administrativo, y 17 a personal laboral en tareas de limpieza. Estos puestos, ha dicho, se distribuyen en consejerías clave como Educación, Cultura y Deportes y en Bienestar Social, pilares del Estado del Bienestar; y preferentemente en servicios centrales y delegaciones provinciales; centros de enseñanza; residencias de mayores; oficina comarcal agraria y de empleo, abarcando un total de 13 municipios de la región, incluidas cuatro capitales de provincia.
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Atención personalizada en la adjudicación de destinos y medidas adoptadas
Uno de los aspectos más destacados del proceso ha sido la atención personalizada en la adjudicación de destinos, compatibilizando las preferencias de los aspirantes a la hora de elegir, con las necesidades de la Administración; así como el acompañamiento continuo para facilitar su incorporación. Asimismo, Ruiz Molina ha destacado que «los 46 nuevos empleados y empleadas públicos residen en Castilla-La Mancha», lo que refuerza la «retención de talento» en la Comunidad Autónoma, «aportando valor añadido relevante al empleo público de la región», ha dicho.
El consejero también se ha referido al carácter innovador de las medidas puestas a su disposición para que puedan desarrollar sus responsabilidades laborales de «manera plena y satisfactoria», y acorde a sus capacidades, un derecho, ha dicho, «que tienen como servidores públicos». Esto es, la entrega de manuales de acogida en «lectura fácil» o la creación de unidades de inclusión en los centros de trabajo, con un «tutelaje y un asesoramiento completo», llevado a cabo por entidades sociales especializadas. Un modelo que busca «garantizar una adaptación efectiva entre las capacidades de los trabajadores y las funciones asignadas».
Ruis Molina ha insistido que el «compromiso» con la inclusión se ha reflejado también en el presupuesto destinado a atender a las personas con discapacidad, que en los últimos diez años se ha incrementado en más de 60% hasta alcanzar un total de 325 millones actuales, se ha hecho «un esfuerzo presupuestario que está muy por encima del que se hace para el resto de las partidas», ha indicado.