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martes, 14 de octubre de 2025
Imagen de archivo de una planta de biogás.
Iba a tratar 106.000 toneladas al año de purines - 14 octubre 2025 - Toledo

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha archivado el proyecto para una planta de producción de biometano en Quintanar de la Orden (Toledo) ante la «imposibilidad de continuar con el prodecimiento de evaluación de impacto ambiental», mientras Ecologistas en Acción ha celebrado una decisión que achaca a la «movilización ciudadana».

Según la resolución, fechada el 29 de agosto, el proyecto se planteó en una parcela del polígono industrial a 900 metros de suelo urbano, mientras la normativa establece una distancia mínima de 2.000 metros, de 1.000 en casos particulares que establezcan medidas correctoras.


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Una distancia que el futuro Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha eleva a 1.500 metros, que es la distancia que, según ha reconocido en el documento, está requiriendo ya la Dirección General de Calidad Ambiental.

El promotor, Costuras Biogás, propuso medidas correctoras pero mantuvo la ubicación de la parcela, por lo que la dirección general ha archivado el expediente ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación ambiental.

En un comunicado remitido a los medios, Ecologistas en Acción de la Manchuela ha hecho público el archivo del proyecto, que ha celebrado como «una muestra más de la importancia de la participación ciudadana durante la tramitación de este tipo de proyectos».

Ha argumentado que la planta de biogás iba a tratar «106.000 toneladas al año de purines, cadáveres, restos de matadero y gallinaza», y que el proyecto generó oposición vecinal y la formación de la plataforma ‘Stop Biogás Quintanar’, a la que ha agradecido su «incansable trabajo» para oponerse a una «barbaridad ambiental».

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Asimismo, esta organización ha aseverado que la presión ciudadana propició también un «cambio radical de discurso» en el Ayuntamiento de Quintanar, inicialmente a favor de la instalación, y ha defendido que es necesaria la participación de los ciudadanos para «alertar de los incumplimientos de normativa y vigilar la labor de los ayuntamientos, muchas veces condicionados por las promesas de los promotores».

Enclm/Efe

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