El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la reconversión en regadío de hasta 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel.
Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Pozo de la Serna, acompañado por el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz; y por el delegado provincial de Fomento, Manuel Martínez.
En este sentido, ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha «lo ha hecho» y ha presentado 100 alegaciones a todas las demarcaciones hidrológicas que tienen impacto en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.
Caballero ha señalado que «de manera particular, ha planteado alegaciones al Guadiana, que es una demarcación hidrológica muy importante para la provincia de Ciudad Real, y también al Guadalquivir, ya que esta afecta a una parte de la provincia del Campo de Montiel y de municipios de la comarca de Puertollano, así como a localidades del suroeste de la provincia de Albacete».
Campo de Montiel
Por este motivo, desde Campo de Montiel, Caballero ha detallado algunas de las alegaciones que se han presentado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que afectan a esta comarca.
Caballero ha puesto el acento en la petición hecha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la transformación en regadío de entre 6.000 y 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel, «una actuación que cuenta con una dotación de 15 millones de euros en los presupuestos».
En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha reclamado que el proceso se active cuanto antes “para que lo más pronto posible puedan ponerse en regadío las primeras 1.000 hectáreas hacia este objetivo”.
Aguas residuales
Por otro lado, Caballero ha reclamado también, entre otros asuntos, que la futura directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales tenga en cuenta la realidad de los pequeños municipios y vaya acompañada de financiación estatal o europea.
«El objetivo es que permita a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes afrontar las nuevas exigencias en materia de depuración y aguas residuales», ha explicado.