El Ayuntamiento de Ciudad Real ha advertido de una situación «crítica» en sus servicios sociales tras la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras derivado del Real Decreto 316/2026, que ha provocado una sobrecarga «inasumible» en apenas unos días.
Así lo ha trasladado el alcalde, Francisco Cañizares, en una carta remitida al subdelegado del Gobierno en la provincia, en la que ha denunciado la «ausencia de planificación, coordinación y recursos» por parte del Ejecutivo central en la aplicación de esta normativa.
En la misiva, el Consistorio ha asegurado que los Servicios Sociales de Atención Primaria se encuentran «completamente desbordados», tras haber atendido a más de 300 personas en solo cuatro días, una cifra que, según ha señalado, supera ampliamente la capacidad y las funciones de estos servicios municipales.
El Ayuntamiento ha criticado además que no ha recibido información previa ni protocolos operativos para afrontar este proceso, que, a su juicio, se está trasladando «de facto» a las entidades locales sin tener competencias en materia de extranjería.
Inseguridad jurídica
Otro de los aspectos que ha cuestionado el Consistorio ha sido la exigencia de acreditar la «situación de vulnerabilidad», al considerar que se ha configurado sin criterios objetivos ni un marco técnico adecuado, lo que está generando «una evidente inseguridad jurídica» entre los profesionales municipales.
En este sentido, ha denunciado que se está pidiendo a los servicios sociales que emitan informes sobre cuestiones que no les corresponden ni pueden verificar, como la situación administrativa de las personas interesadas.
A juicio del Ayuntamiento, el resultado es «un sistema incoherente, ineficaz y profundamente injusto» que perjudica tanto a las personas migrantes, sometidas a un proceso «confuso» y «carente de garantías», como a los empleados públicos municipales, que soportan una presión «inasumible», y al conjunto de la ciudadanía, por el impacto en la atención de los servicios básicos.
Reclama una respuesta urgente del Gobierno
En la carta, el alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no puede asumir competencias que no le corresponden sin los medios adecuados y ha reclamado al Gobierno central que establezca «de forma urgente» un marco claro, dotado de recursos suficientes y con la debida coordinación institucional.
Asimismo, ha subrayado que la protección de las personas migrantes debe abordarse con «rigor, planificación y garantías jurídicas», evitando trasladar la carga a las administraciones locales sin el respaldo necesario.
El Consistorio ha reiterado su disposición al diálogo institucional, aunque ha advertido de que continuará defendiendo los intereses de la ciudad y la correcta prestación de los servicios públicos esenciales.
