El dinero abonado por el Ayuntamiento de Ciudad Real a la entidad Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, por la compra de los terrenos de SEPES en el Polígono Industrial Oretania regresará a la ciudad convertido en nuevas viviendas destinadas al alquiler.
La entidad prevé invertir inicialmente 3,2 millones de euros en la adquisición de inmuebles de titularidad privada, aunque la cuantía podría alcanzar finalmente los 5,2 millones.
La operación ha sido comunicada este jueves al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, por la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, durante una conversación telefónica mantenida a primera hora de la mañana.
Según la información trasladada al Consistorio, Casa 47 publicará «de manera inmediata» una oferta para comprar viviendas privadas en la capital, que posteriormente serán incorporadas al mercado del alquiler.
La inversión inicial prevista asciende a 3,2 millones de euros, pero podría ampliarse hasta los 5,2 millones, cantidad equivalente al importe total desembolsado por el Ayuntamiento a Casa 47 por la adquisición de los terrenos de SEPES en Oretania.
El Ayuntamiento ha valorado positivamente que estos recursos económicos puedan revertir en la propia ciudad y dedicarse a actuaciones encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
No obstante, el equipo de Gobierno ha precisado que todavía no dispone de información detallada sobre el número de viviendas que se pretenden adquirir, las condiciones que deberán cumplir los inmuebles, los precios de compra o los requisitos que se aplicarán posteriormente para acceder a los alquileres.
Por este motivo, el Consistorio solicitará a Casa 47 toda la documentación necesaria para conocer el alcance concreto de la actuación y poder ofrecer a los vecinos una información «completa, transparente y rigurosa».
El Ayuntamiento confía en que el proyecto esté correctamente planteado y permita incrementar la oferta de vivienda en alquiler en Ciudad Real, garantizando al mismo tiempo que los recursos públicos tengan el mejor destino posible y redunden en beneficio del interés general de la capital.
