Las concesiones vigentes de agua subterránea en el Alto Guadiana alcanzan actualmente los 970 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que casi triplica los recursos hídricos considerados disponibles y sostenibles para el sistema, estimados en 313 hectómetros cúbicos.
Este desequilibrio se dio a conocer este jueves por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) durante una jornada técnica celebrada en Ciudad Real, en la que se presentó el Esquema de Temas Importantes (ETI) del cuarto ciclo de planificación hidrológica.
Acuíferos del Alto Guadiana
Los responsables técnicos del organismo de cuenca advirtieron de que la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana continúa siendo el principal problema ambiental y económico de la demarcación y alertaron de que las extracciones actuales siguen comprometiendo la recuperación de humedales, ríos y ecosistemas asociados, entre ellos el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Según explicaron, los recursos disponibles se calculan como el volumen máximo de extracción compatible con la recuperación de la relación natural entre ríos y acuíferos y con el mantenimiento de un buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, pero las demandas continúan muy por encima de esos límites.
La CHG señaló que las estimaciones utilizadas sitúan las extracciones netas reales del sistema en torno a los 425 hectómetros cúbicos anuales desde comienzos de los años 2000, por encima de los 313 hectómetros cúbicos fijados como sostenibles para las ocho masas de agua conectadas con Las Tablas de Daimiel.
Sistema de Información Agraria
Además, los últimos datos del Sistema de Información Agraria del Ministerio de Agricultura reflejan que en 2023 existían cerca de 200.000 hectáreas regadas en el Alto Guadiana, con consumos aproximados de unos 400 hectómetros cúbicos anuales.
Los técnicos recordaron que la situación no es nueva y que desde finales de los años ochenta se han sucedido distintas medidas de control para intentar reducir la presión sobre los acuíferos.
Entre ellas citaron las declaraciones de sobreexplotación, los regímenes anuales de extracción, las restricciones de riego, la reorganización de derechos de agua y los programas de transformación de aprovechamientos privados en concesiones públicas.
También explicaron que desde 2014 se han intensificado las labores de vigilancia y control, especialmente sobre la manipulación de contadores y las captaciones ilegales.
Según los datos aportados durante la jornada, desde 2018 se han clausurado 380 pozos vinculados a unas 6.500 hectáreas de regadío, pese a lo cual reconocieron que las medidas aplicadas hasta ahora no han permitido alcanzar una situación de equilibrio entre extracciones y recursos renovables.
Transformación gradual del modelo agrícola
La Confederación destacó que en las últimas décadas sí se ha producido una transformación gradual del modelo agrícola, con una mayor presencia de cultivos leñosos y una reducción de los herbáceos de mayor demanda hídrica, aunque consideró insuficiente este cambio para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Los responsables técnicos advirtieron además de que el problema no solo afecta al medio ambiente, sino también a la viabilidad futura de las explotaciones agrarias y de los propios regadíos manchegos.
En este sentido, citaron estudios recientes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) según los cuales, si continúa la tendencia actual de descenso piezométrico, en 2034 podrían quedar secas el 20 % de las captaciones de Mancha Occidental I, el 17 % de Mancha Occidental II y hasta el 30 % en Rus-Valdelobos.
Los técnicos recordaron que el descenso continuado de los niveles freáticos obliga, además, a bombear desde profundidades cada vez mayores, lo que incrementa de forma progresiva los costes energéticos y de explotación para agricultores y regantes.
Durante la jornada, los responsables de planificación incidieron en que las medidas coercitivas aplicadas hasta ahora no son suficientes por sí solas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
66.000 captaciones
Según expusieron, el Alto Guadiana cuenta con unas 66.000 captaciones y alrededor de 340.000 hectáreas de regadío, aunque no todas se riegan cada año, lo que dificulta las labores de vigilancia y control efectivo de las extracciones.
Defendieron la necesidad de impulsar medidas de transformación económica y agraria lideradas por las administraciones competentes y orientadas a reducir la demanda de agua.
La propuesta del nuevo ciclo de planificación hidrológica plantea ahora una reducción progresiva de las extracciones hasta 2045 mediante medidas agrarias, limitaciones de demanda, control de captaciones y restauración ambiental.
Entre las actuaciones previstas figuran el impulso del regadío deficitario, el fomento de cultivos menos consumidores de agua, programas de abandono voluntario de superficie regada y nuevas medidas normativas para endurecer el control sobre las extracciones irregulares.