La delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha acordado por unanimidad rechazar la propuesta de financiación de la Comisión Europea (CE) entre 2028 y 2034.
Así lo han explicitado este martes en Santiago de Compostela en la denominada Declaración Galicia los 21 miembros que han acudido en representación de las comunidades autónomas y los entes locales y que han pedido al Gobierno de España que asuma esta postura en la negociación con el resto de países miembros.
Los integrantes de la delegación española rechazan expresamente la propuesta de creación de planes de colaboración nacional y regional.
Según critican, concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa «plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y, por ende, reducir su eficacia».
«Además, este enfoque da pie a una centralización de las decisiones en los Estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto. Todo ello podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión», como se recoge.
Declaración Galicia
La Declaración Galicia consta de veinticinco puntos divididos en seis temáticas: Tamaño del presupuesto (3); Cohesión (8); Agricultura y Pesca (6), Gobernanza (4) y Reformas (3).
La delegación española en el CdR critica la falta de ambición de la propuesta de la CE, por debajo del 2 % de la Renta Nacional Bruta de la UE, y aboga por demandar medios financieros suficientes para hacer frente a los importantes retos geopolíticos actuales y para cumplir los objetivos del Tratado.
Los firmantes rechazan, además, la reducción de fondos gestionados de forma compartida entre la Comisión, los Estados y las regiones y recuerdan el éxito de esta colaboración, que ha permitido un enfoque «más cercano y más ajustado a las necesidades de los territorios».
En el área dedicada a Cohesión, que abarca un tercio de los puntos acordados, los representantes locales piden presupuesto «específico, diferenciado y suficiente», así como un reparto entre Estados y regiones que tenga por fin reducir las diferencias de desarrollo.
Cargan en especial contra los planes de colaboración nacional y regional, ya que como están redactados actualmente «darían pie a una gran competencia entre territorios y entre áreas de intervención», según alertan los firmantes.
«Inquietud» sobre la PAC
En la Declaración Galicia, la delegación española en el Comité de Regiones pide fondos suficientes para garantizar la viabilidad de la Agricultura y la Pesca y manifiesta su inquietud ante la disminución de la PAC y de la PPC.
Sobre la Gobernanza, los firmantes muestran una «gran preocupación» ante una gestión más centralizada de los recursos por parte de los Estados.
Otro de los riesgos que observan los firmantes de la declaración es que la gestión compartida «en un único plan por Estado» puede derivar en un abandono de las necesidades de los territorios.
Y también critican que la reserva de un 25 % para crisis imprevistas es «excesiva».
Por este motivo, para dar un paso más en la condicionalidad entre la recepción de fondos y las reformas derivadas de estas recomendaciones, las autoridades públicas territoriales deberían participar, y no solo ser consultadas, en la elaboración de los informes nacionales de situación y las recomendaciones específicas, según opinan los firmantes de la declaración.
Hechas estas consideraciones, con el fin de garantizar que las necesidades territoriales sean plenamente tenidas en cuenta en el diseño, ejecución y reparto de los fondos europeos la delegación española pide que la nueva estructura reconozca el papel de las comunidades autónomas como autoridades de gestión en los ámbitos de su competencia, promoviendo una colaboración estrecha con las administraciones locales.
Castilla-La Mancha participa en el encuentro
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha participado en el encuentro y ha subrayado que al contrario de lo que propone la Comisión Europea el modelo debe ser el de “una relación directa entre las comunidades autónomas y la Comisión”.
Ha dicho que la postura de Castilla-La Mancha es que haya “más fondos, más transparencia, más flexibilidad” y ha expresado el rechazo al modelo que se quiere imponer siguiendo el reparto de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ‘Next Generation‘, donde “las comunidades autónomas hemos estado muy relegadas en la aplicación de los fondos, de la que no hemos participado” y cuyos planteamientos han estado alejados de la realidad de los territorios, ha detallado el Gobierno castellanomanchego en un comunicado.