Aprobado el objetivo de déficit para los tres siguientes cursos con los votos a favor del Gobierno y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, entre ellas Castilla-La Mancha, por lo que las regiones podrán incurrir en un endeudamiento del 0,1% en 2026, 2027 y 2028.
Ese 0,1%, «de margen» en unas cuentas con déficit en Castilla-La Mancha
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado su voto a favor del objetivo de déficit en que, aunque su proyecto de presupuestos para 2026 se ha fijado el equilibrio, ese «margen» del 0,1 % del PIB queda «en la retaguardia».
Las comunidades gobernadas por el PP se oponen
Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda el objetivo de déficit para las autonomías por considerarlo «asimétrico» respecto al que se reserva el Estado.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB para cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario adicional de 5.485 millones en este periodo, según sus cálculos.
Hacienda tenía garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le bastaba con los votos de las comunidades gobernadas por el PSOE, aunque las del PP hayan votado en contra y Canarias (con un gobierno de Coalición Canaria y PP) se haya abstenido.
Entre las comunidades populares, el titular de Hacienda del Gobierno murciano, Luis Alberto Marín, ha indicado a los periodistas que el objetivo de déficit previsto para 2026 es «absolutamente asimétrico», porque del objetivo general para todo el conjunto de las Administraciones Públicas del 2,1 «apenas se reserva un 0,1 para las comunidades autónomas».
La responsable de Hacienda del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Rocío Albert, ha señalado que las 11 comunidades del PP más Ceuta y Melilla han votado en contra de los objetivos de déficit porque vienen «mal y muy tarde», puesto que prácticamente todas las comunidades ya han presentado su anteproyecto o proyecto de presupuestos para el año 2026.
A su vez, la consejera andaluza, Carolina España, ha hecho hincapié en que el Gobierno no podrá aprobar esos presupuestos para al próximo año y en que la AIReF «le ha enmendado la plana a la vicepresidenta del Gobierno» al decir que incrementar el déficit «no sirve de nada porque se va a incumplir con la regla de gasto».
A su juicio, Montero «ha querido dar sensación de normalidad» de que van a presentar o aprobar un presupuesto, cuando «es posible que a lo mejor lo aprueben en el Consejo de Ministros», pero «no tienen los votos (suficientes) para aprobarlo en el Congreso de los Diputados».
Las comunidades socialistas votan a favor
Otra opinión tienen las comunidades socialistas, entre ellas Cataluña, cuya consejera de Economía, Alicia Romero, ha dicho salir del Consejo de Política fiscal y financiera «satisfecha» porque se han podido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria en los próximos 3 años.
Para Romero, el déficit del 0,1 % del PIB es «más holgado» que el que en principio tenían previsto y eso da un margen casi de 1.000 millones de euros a Cataluña hasta 2028.
Además, la regla de gasto hasta el 3,5 % es también mayor que la previsión que tenía Cataluña del 3,3 %, lo que también supone una ganancia de recursos para políticas del Estado del bienestar, que son las que están «más tensionadas» en las comunidades autónomas.
En un punto intermedio se ha situado Canarias, cuya responsable de Hacienda, Matilde Asián, se ha abstenido porque a su comunidad la nueva senda no le afecta «para nada» puesto que «llega tarde».
Castilla-La Mancha critica la tardanza y rechaza la financiación singular de Cataluña
Además, Juan Alfonso Ruiz Molina ha lamentado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera «va un poco tarde» porque en Castilla-La Mancha ya se ha aprobado el techo de gasto para el próximo ejercicio y se están tramitando ya los presupuestos para 2026.
En un comunicado el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su «preocupación» por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y por la falta de información en relación con los asuntos incluidos en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, especialmente los vinculados al nuevo modelo de financiación autonómica.
Ruiz Molina, quien ha participado en el pleno este lunes, también ha considerado que “algo no funciona en el sistema” si a fecha de 17 de noviembre, aún se desconocen aspectos esenciales para elaborar las cuentas autonómicas como es el “incremento retributivo de los empleados públicos” para el presente ejercicio y el próximo, y ha recordado que en Castilla-La Mancha se trabaja con el objetivo de que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que ya se ha iniciado el trámite parlamentario.
Ante esta circunstancia, el consejero ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas puedan hacer uso de manera real y efectiva del “principio de autonomía financiera”, evitando estar “al albur” de las decisiones que llegan desde Madrid.
En estos términos, el consejero ha señalado que lo que es bueno para el Gobierno nacional, en la medida que es el paso previo para la presentación de los PGE, es perjudicial para las comunidades autónomas que tenemos que elaborar los presupuestos sin datos que son “fundamentales para aprobar un presupuesto que sea realista”.
Financiación autonómica
El consejero de Hacienda ha reiterado el rechazo al «modelo de financiación singular para Cataluña» y ha reclamado al Gobierno central que presente un documento «en el que se recoja las singularidades de todas las comunidades autónomas».
En este sentido, ha advertido que, ese documento, «tiene que suscitar los consensos necesarios para que el modelo de financiación de las comunidades autónomas respete lo que nosotros denominamos como principio de igualdad».
Ruiz Molina ha mostrado una “oposición total al principio de ordinalidad”, porque desde el Gobierno regional “consideramos que va en contra de los valores que defendemos en el Partido Socialista”, así como ha insistido en que “el modelo de financiación es aquel que respete el principio de igualdad”.
Para finalizar, ha reiterado que desde el Ejecutivo autonómico siguen reclamando un fondo transitorio de compensación para aquellas comunidades autónomas que, objetivamente, como dicen los estudios y el propio Ministerio de Hacienda, “estamos infrafinanciadas”