En 2014 los tribunales dictaron que la Junta tenía que readmitir a los 400 funcionarios interinos despedidos en 2012, una polémica que supuso un nuevo enfrentamiento entre administración y sindicatos.
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El despido de interinos en agosto de 2012 o la decisión de la Junta de suprimir 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, según los sindicatos, es uno de los temas que ha marcado el Gobierno de María Dolores de Cospedal durante su primera legislatura. Un despido que los sindicatos llevaron ante la Justicia al considerar que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho a la libertad sindical al no existir una negociación real y convocarse la Mesa Sectorial como un «trámite».
En 2014 la Justicia habló y los trabajadores públicos se sentían vencedores de una lucha que les ha llevado a manifestarse constantemente. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaraba firme la sentencia que condenaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a readmitirlos. En consecuencia, la Administración, que también fue condenada a pagar las costas del proceso, tenía dos meses, desde el 18 de noviembre, para readmitir a los trabajadores.
Esto sucedía después de que el 27 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictase una sentencia en la que estimaba los recursos que interpusieron STAS CLM y la Federación de Servicios Públicos de UGT. Ante esta sentencia, la Junta anunció un recurso de casación que retiró el pasado 24 de octubre, si bien el Supremo contestaría unas semanas después diciendo que no tenía ninguna validez este último trámite de la Administración.
Ahora falta por cumplir la sentencia que obliga a la readmisión de los interinos. Desde la Junta se aseguró en un primer momento que se iba a cumplir, mientras desde los sindicatos seguían pidiendo las dimisiones del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban; y del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente.
Un proceso que según los sindicatos ha supuesto que la Junta tenga que pagar 30 millones de euros aproximadamente, una cifra que puede variar en función de cada categoría laboral. Si bien desde la Administración no se daba ningún dato al respecto.
El conflicto se abrió aún más tras la decisión de la Junta de amortizar dichas plazas de empleados públicos sin aplicar en primer lugar la sentencia y pagar las indemnizaciones, aseguraban fuentes sindicales, que puntualizaban que van a continuar con movilizaciones pidiendo incluso amparo al Tribunal Superior de Justicia de la región.