La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que tiene previsto rebajar en un 20 por 100 el precio de las mil viviendas de protección oficial (VPO) que son de su propiedad y reservar el 10 por 100 para ofrecerlas en alquiler a las personas que han sido desahuciados.
La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado hoy que tiene previsto rebajar en un 20 por ciento el precio de las mil viviendas de protección oficial (VPO) que son de su propiedad y reservar el 10 por ciento para ofrecerlas en alquiler a las personas que han sido desahuciadas.
La consejera de Fomento de la Junta, Marta García de la Calzada, ha informado en conferencia de prensa de este acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno que se celebró el miércoles por la tarde.
Las medidas anunciadas por García de la Calzada se incluyen en un decreto impulsado por el Gobierno regional, ante los desahucios que se han registrado en la región durante el primer semestre, un total de 2.456, si bien se espera terminar el año con 4.813 ejecuciones hipotecarias, que supondría el dato más elevado en la historia de Castilla-La Mancha, ya que hasta el momento el año con más desahucios había sido 2009, con 4.720.
La consejera ha informado de que, en este momento, en la región existen 2.500 VPO vacías que son propiedad de promotores privados, mientras que otras mil pertenecen a la empresa pública Gicaman, de las cuales 800 son para venta y 200 están en régimen de alquiler.
A su juicio, esta bolsa de vivienda de protección oficial sin vender refleja que «la función de social de las VPO no se ha cumplido».
También el decreto ha declarado a las personas que han perdido su casa por un desahucio «colectivo de atención preferente» y se le reserva el 10 por ciento de las VPO de la Junta que a día de hoy están vacías para su alquiler.
Con el objetivo de «conseguir deshacer el nudo» de viviendas sin ocupar y personas que no pueden acceder a una, la Junta también ha apostado por flexibilizar los requisitos de acceso a la VPO público-privada, con la intención de «encontrar mayor número de potenciales compradores».
En el caso de las VPO que son propiedad de la Junta, la consejera de Fomento ha explicado que se aplicará una bajada de precios en función de las localidades y características de la vivienda, que rondará el 20 por ciento del precio.
Ha adelantado, además, que el sexto plan de vivienda de Castilla-La Mancha incluirá una batería de medidas para potenciar el mercado del alquiler.
«Es el momento de tener una sensibilidad especial» hacia el problema de la escasez de vivienda, ha sostenido la consejera de Fomento que, además, ha denunciado la «asintonía» entre la evolución del precio de la VPO y de la vivienda libre en Castilla-La Mancha, pues mientras que el primer tipo de vivienda ha subido un 0,4 por ciento, el segundo ha bajado en un 10,6 por ciento.
TALLERES DE EMPLEO CON UN PLAN DE NEGOCIO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden para convocar las subvenciones para desarrollar los talleres de empleo, que incorporan como novedad que las entidades promotoras presenten un plan de negocio para fomentar el emprendimiento.
La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha resaltado que esta nueva orden trata de trasladar «la filosofía» que recoge la Ley de Emprendedores a los talleres de empleo, de los que se beneficiarán 1.111 alumnos.
La convocatoria cuenta con 10,3 millones de euros de los que se beneficiarán unas cien entidades, las cuales tendrán que presentar un plan de empresa que demuestre la viabilidad del objetivo que persiguen con cada taller de empleo.
Los cursos tendrán una duración de seis meses y los alumnos, que deben ser mayores de 25, contarán con tutorización particular sobre la idea de negocio que presente la entidad promotora.
Por otro lado, el consejero portavoz de la Junta, Leandro Esteban, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 250.000 euros para el desarrollo de programas de cualificación profesional y talleres profesionales, para el curso 2012-2013.
Estos talleres están reservados para mayores de 16 y menores de 24 que carecen de graduado en Educación Secundaria y tienen dificultades para acceder al mercado laboral.