CSIF, STAS, CCOO y UGT se han concentrado este jueves ante la Dirección General de Función Pública, contra la decisión del Gobierno regional de impedir que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración y, por tanto, impedir su promoción profesional.
«Profundo rechazo»
Desde el sindicato CSIF, Victoria Ortiz ha expresado su «profundo rechazo» a la modificación que el PSOE va a hacer de la Ley de Empleo Público, vía enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que se aprobará este jueves en las Cortes regionales.
Un cambio que supone «el recorte de un derecho que ya teníamos reconocido y que permitía que un funcionario de carrera que tiene, por ejemplo, una plaza de auxiliar administrativo, pudiera optar a una plaza de nivel superior y coger los méritos necesarios para conseguir más adelante como promoción profesional esa plaza a través de un concurso oposición», ha expresado.
Según ha manifestado Ortiz, el recorte «va a impedir la promoción profesional del personal funcionario con independencia de que tengan las titulaciones necesarias para llegar a ese puesto», por lo que están «profundamente en contra».
«Una ley ómnibus»
En el mismo sentido, desde el STAS, Gustavo Fabra, ha criticado que el Gobierno regional «intente meter un recorte a la carrera profesional mediante una ley ómnibus a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista sin pasar por la mesa de negociación».
A su juicio, el mensaje que eso lanza es «muy claro»: que «Page recorta, Page privatiza y Page no atiende a la negociación colectiva». De ahí que hayan instado al PSOE a retirar la enmienda y convocar «inmediatamente» una mesa de negociación para plantear la carrera profesional para el personal funcionario, «igual que la tiene el personal del Sescam».
Juan Bautista González, de Comisiones Obreras, ha recordado que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha del año 2011 fue previamente negociada con los sindicatos que representan al personal público, pero necesitaba «un desarrollo desde entonces y nos hemos encontrado que la Administración se ha negado a hacer el desarrollo en los aspectos que generaban mejoras para el personal».
«Escalas obsoletas»
«Tenemos situaciones de escalas que eran obsoletas en aquel momento pero planteaban un desarrollo para que esto se solucionara y viene en la ley», pero «de esto no han tocado nada 15 años más tarde, así como otros temas que tienen que ver con la carrera profesional que tampoco lo han querido tocar», mientras ahora «utilizan la vía del cambio normativo a través del Parlamento para, sin contar con la parte social, hacer modificaciones que claramente recortan y perjudican al personal».
En último término, Rocío Jiménez, de UGT Toledo, ha señalado que esta modificación no solo afecta a los funcionarios sino a todos los empleados públicos de la Administración local, estatutarios, personal laboral y funcionario, «y merma el derecho a la carrera profesional que en otras comunidades autónomas sí se está dando y que se aprobó en la ley 2011, que desde hace 15 años está paralizada».
Los sindicatos no entienden esta enmienda que, a su juicio, «no ahorra dinero», ya que «a la administración le da igual llamar a alguien de una categoría inferior, funcionario, que llamar a una persona de bolsa o incluso otras veces que se ha llamado hasta del paro».
«Perdiendo profesionalidad»
A ello se suma que la experiencia que tiene el personal de la administración se «pierde» porque la persona que entra «tiene que empezar de nuevo» o «incluso a los cuatro meses puede que esa plaza la ocupe otro funcionario distinto», por lo que intuyen que a la administración «no le interesa, por lo que sea, que un funcionario de carrera auxiliar administrativo acabe, si tiene la titulación, cogiendo puntos de jurídico».
«Estás impidiendo es que la gente promocione, que tenga carrera profesional y no tenemos la otra carrera», ha manifestado Victoria Ortiz, quien ha admitido que la enmienda se va a aprobar «sin negociación de ningún tipo». «Esto no es un progreso, esto es retroceso puro y duro».
Los sindicatos, que se levantaron de la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma en señal de protesta por esta enmienda, consideran que lo que intenta la Junta es «que cada vez haya menos personal interino, que haya menos rotación» pero en ese proceso «se pierde eficacia».
«Estamos perdiendo profesionalidad a cambio de discrecionalidad y de una administración dócil que no controla lo que tiene que controlar, que son las medidas que toman la clase política en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», ha expresado Fabra, quien ha incidido en su apuesta por «la implantación de una carrera profesional objetiva y parcial en la que los méritos y capacidades sean las bases fundamentales para poder promocionar y hacer carrera profesional».