El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mantenido una «intensa semana» de negociaciones. Primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en segundo lugar, dos encuentros para explicar el Presupuesto regional y evitar el acuerdo de no disponibilidad, que le exigía el ministro Cristóbal Montoro.
El encuentro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizó el objetivo de déficit que pasó de un 2,8 a un 3,6 en 2016. Ocho décimas que se decidió repartir por igual entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas, así el objetivo de déficit para Castilla-La Mancha pasa del 0,3 inicial al 0,7.
Un cambio donde Castilla-La Mancha decidió abstenerse porque, aunque estaban de acuerdo con el reparto igual de las ocho décimas, «no podíamos votar a favor porque partíamos de una discusión en cuanto a que no estábamos conformes en el reparto que se hizo en julio entre los diferentes niveles de administración», explicaba el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.
Una reunión donde también se propuso una nueva senda de déficit de 2017 a 2019, donde se propone retrasar un año el equilibrio presupuestario y Castilla-La Mancha votó en contra porque, desde el punto de vista de la Junta, no es una decisión que pueda «tomar un gobierno en funciones». Al tiempo que, «en esa propuesta de distribución, nuevamente no se ofreció información de por qué el Estado iba a asumir un determinado objetivo de déficit que no se correspondía con el peso en el gasto público de la Administración autonómica».
ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, envío a Juan Alfonso Ruiz Molina una carta donde se invitaba al Gobierno autonómico a aprobar un acuerdo de no disponibilidad dado el Presupuesto que estaba planteando la Junta.
La Junta y el Gobierno central han mantenido varias reuniones bilaterales donde han analizado las cuentas regionales y donde la postura de la Junta ha sido defender el Presupuesto, asegurando que «no había riesgo con el 0,3 de objetivo de déficit».
Sumarse a un acuerdo de no disponibilidad suponía que parte del presupuesto aprobado no se podía ejecutar e, insistía Ruiz Molina, que las cuentas presentadas eran «rigurosas» en cuanto a gastos.
«Tras las dos reuniones maratonianas llegaron a la conclusión de que no necesitaba acuerdo de no disponibilidad«, señalaba el consejero, quien destacaba que el Ministerio «ha entendido perfectamente las cuentas de Castilla-La Mancha», por lo que «tengo que mostrar la mayor de las satisfacciones», indicaba Ruiz Molina.
El margen de dicho objetivo de déficit «lo vamos a destinar a gasto social. Las necesidades son muy importantes como, por ejemplo, acabar con los barracones en Educación va a ser una de las prioridades», por lo que ese margen sería incluso aprovechable para un «plan de choque en educación», pero aún está por decidir.
RONDA DE CONTACTOS
El consejero ha aprovechado también para anunciar que el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, comenzará una ronda de contactos con los grupos políticos para sentar los principios básicos por los que deberá pasar el futuro modelo de financiación. En este sentido, Ruiz Molina señalaba que debe garantizar «un nivel similar de prestación de los servicios públicos y garantizar la suficiencia de recursos que tenemos asumidas las comunidades».