Estos trabajadores se han concentrado esta mañana, primero frente a la sede de las Cortes Regionales y después ante el Palacio de Fuensalida, para protestar por el nuevo contrato firmado por el Gobierno regional con la citada empresa, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de mayo y que, además de bajarles el salario, no les reconoce la antigüedad, les «quita» la paga de beneficios y no recoge las cláusulas sociales que la Junta ha establecido.
Así lo ha denunciado Juan Francisco Caro, miembro del Comité de Empresa de los vigilantes, durante una rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes de Castilla-La Mancha dentro de las «ruedas ciudadanas» de Podemos, acompañado del secretario regional de esta formación, José García Molina.
«Nos han dado largas y nos han engañado», ha resaltado Caro, quien ha recordado que la Junta se comprometió a obligar a la adjudicataria a aplicarles el convenio estatal, que es el que rige en las otras dos provincias de la región (Albacete y Guadalajara), pero al final, «por amenazas de la empresa, se han echado para atrás y nos han dejado en la nada», ha dicho.
También ha señalado que, con ese contrato, la empresa Sinergia «va a tener unos beneficios de 1,6 millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000 euros».
Y ha criticado que el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ante la amenaza de una presunta denuncia por un delito de prevaricación, ha dicho que «antes era su familia que la de 133 familias».
Por su parte, el secretario regional de Podemos ha recordado que esta formación ha seguido este caso desde el principio, «cuando saltaron las alarmas por un pliego de condiciones donde la Junta, si somos benévolos, ha cometido un error», ha puntualizado.
Y ha agregado que, en realidad, lo que se esconde tras este contrato es «una precarización del salario y una vulneración absoluta de todos los derechos de los trabajadores de vigilancia y seguridad de la Junta de Comunidades».
Y se ha preguntado «cómo un ente público abre un pliego de condiciones a una empresa casi pirata, porque hace una oferta que es económicamente insostenible, ridícula y sobre todo indigna», que deja a 133 familias «en el umbral de la pobreza trabajando un montón de horas», ha aseverado.
Por último ha afirmado que, «cuando decimos que hay gente que trabaja y es pobre nos referimos a cosas como ésta, pero que esto pase con el beneplácito del Gobierno y con el beneplácito de la Junta de Comunidades nos parece escandaloso», ha sentenciado.
La Junta rescindirá el contrato si la empresa no aplica el convenio sectorial
El Gobierno de Castilla-La Mancha instará a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de edificios y dependencias de la Junta de Comunidades si no aplica el convenio sectorial.
En rueda de prensa, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que en el momento en el que el Gobierno regional tenga conocimiento de que la empresa no cumple lo establecido en el convenio sectorial instará a la adjudicataria a la resolución del contrato.
A preguntas de los periodistas sobre las movilizaciones de los vigilantes, que hoy se han manifestado frente a las Cortes regionales y al Palacio de Fuensalida, para pedir que no se les aplique un convenio de empresa, Ruiz Molina ha aclarado que el conflicto no es con la Administración autonómica «sino entre los trabajadores y la empresa adjudicataria».
Según Ruiz Molina, la Administración autonómica «ha actuado con sujeción estricta a la legalidad vigente en materia de contratación» y además pensando que la empresa adjudicataria del servicio va a aplicar el convenio sectorial de seguridad.
Por este motivo, el importe de licitación salió con esas pretensiones a concurso, ha recordado Ruiz Molina.
En este sentido, ha dicho que parece ser que la empresa adjudicataria, por la puntuación y por las normas del concurso, pudiera querer aplicar su convenio de empresa, pero ha advertido de que la Consejería considera que no puede hacerlo.
Ruiz Molina ha reiterado: «En cualquier caso, en el caso en el primer minuto que consideremos que la empresa adjudicataria no cumple con el convenio sectorial se instará a la resolución del contrato».
Pero para ello deben darse dos circunstancias, que el contrato entre en vigor el próximo 1 de mayo y constatar que la empresa no cumple con el convenio sectorial y tiene intención de aplicar el convenio de empresa, ha añadido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que comparte los planteamientos de los trabajadores que se han manifestado a las puertas del Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la residencia regional, al tiempo que él ofrecía una rueda de prensa.
A su juicio, España debe «salir del bucle» en el que la competitividad depende de la precariedad laboral y, en este sentido, ha asegurado que estarán «vigilantes» para que «se cumplan los derechos» de los trabajadores, que considera «elementales».