Desde este lunes se pueden solicitar las ayudas a la eficiencia energética de la Junta de Castilla-La Mancha. Una convocatoria que cuenta con 27,5 millones y tres líneas de actuación y, una de ellas, es la destinada a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos con un montante total de 2,5 millones.
Sobre estas ayudas ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha explicado que las ayudas para la movilidad eficiente están destinadas a diputaciones y ayuntamientos. La Junta costeará el 80 por 100 de la inversión y las entidades solicitantes el 20 por 100 restante.
«El objetivo es tener dónde enchufar un vehículo eléctrico. Una de las estrategias del Gobierno de Castilla-La Mancha es instalar estos puntos para crear una red y así incorporar el vehículo eléctrico y el híbrido», ha subrayado Fernández.
Se podrían instalar cientos de puntos de recarga
Para saber el número de puntos de recarga habrá que esperarse a la resolución de la convocatoria, aunque estos podrían ser cientos, puesto qué, tal y como ha explicado Fernández, los puntos tienen diferentes precios dependiendo del tiempo que se tarde en cargar las baterías del vehículo.
«Los puntos de recarga tiene diferentes precios: los muy rápidos, los más caros, en torno a 10.000 euros. Los que no son no tan rápido, unos 3.000 o 4.000 euros», ha explicado la consejera, que ha querido puntualizar que no sabe cuánto «darán de sí» esos 2,5 millones.
Si tenemos en cuenta la horquilla máxima de precio, ese montante total serviría para instalar unos 250 puntos de recarga rápido, que podrían ser unos de 650 a 800 si todos fuesen de los que tardan varias horas en recargar. Fernández ha dicho que entiende que las administraciones apostarán por los de carga rápida, aunque, como se decía hasta que no se resuelva la convocatoria no se sabrá con exactitud.
Las administraciones tiene dos meses para solicitar las ayudas y, una vez resultas, tendrá 12 meses para ejecutar la inversión.
Del montante total, 500.000 euros están reservados a diputaciones y 2 millones para ayuntamientos, distribuidos por 400.000 euros por provincia.
Ayudas a la eficiencia energética en edificios públicos
Los restantes 25 millones de euros también están destinados a instituciones públicas para la mejora de la eficiencia energética.
Así, la primera línea está dotada con 20 millones de euros y es para la instalación de de infraestructuras energías renovables como placas fotovoltaicas o sistemas de geotermia que contribuyan a la generación de energía verde y el ahorro energético.
La otra línea es la pensada para reforma en edificios públicos también con el mismo objetivo, la eficiencia energética, en este caso para hacer labores como aislar mejor los edificios y así aumentar su calificación energética.