La Plataforma «Libres para educar a nuestros hijos», integrada por padres, maestros y profesores de distintos niveles educativos de Castilla-La Mancha, ha recordado a los poderes públicos que no pueden sustituir a las familias en la educación de los menores y, por este motivo, han solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que modifique el contenido de la asignatura Educación para la Igualdad.
El Arzobispado de Toledo ha acogido este viernes la presentación de esta Plataforma, inspirada por las cinco diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo) y que tiene como objetivo concienciar a los padres y madres de su labor educativa «insustituible», ha destacado en el acto la profesora y coordinadora de la Plataforma, Victoria Melchor.
Tanto ella como los otros dos miembros de la Plataforma que han participado en la presentación, los profesores Francisco Manuel Sánchez, de Guadalajara, y Juan Manuel García, de Ciudad Real, han considerado que el Estado «no puede servirse de la educación para adoctrinar» y han defendido que la educación corresponde, en primer lugar, a la familia y el Estado debe complementar el papel de la familia, «sin sustituirla y sin ponerse al servicio de las ideologías».
En este contexto han expresado su «preocupación» por las iniciativas que se están llevando a cabo en algunas comunidades y, en particular en Castilla-La Mancha, con la asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, así como con las instrucciones dictadas para el desarrollo del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género.
Según la Plataforma «Libres para educar a nuestros hijos», la perspectiva de género que se pretende incorporar a través de dicha asignatura y del citado plan «pretende transmitir a los menores la falsa idea de que el género es una elección arbitraria que no tiene fundamento alguno en nuestras estructuras neurológicas o endocrinas, desconociendo la realidad biológica», destaca en el Manifiesto que ha elaborado coincidiendo con el Día de la Enseñanza.
En dicho documento, afirman que, «aunque los objetivos generales son muy loables, como fomentar entre el alumnado la capacidad de pensamiento crítico y propiciar habilidades que le permita discriminar, de manera objetiva, las situaciones que generan desigualdad, intolerancia y maltrato», parte de los contenidos que integran el currículo actual de la asignatura, entran en contradicción con los derechos de libertad de expresión, de conciencia y de cátedra.
Por ello, el manifiesto concluye que «los poderes públicos no tienen potestad para imponer un determinado modelo antropológico y ético, haciéndolo pasar por universal cuando no lo es», y pide a la administración educativa que modifique el contenido de la nueva asignatura en los extremos mencionados «para evitar esta grave vulneración de la libertad de enseñanza y de otros derechos constitucionales».
Preguntada por las recientes declaraciones del presidente de la región, Emiliano García-Page, en las que afirmó que, en Castilla-La Mancha, «no se pone en duda la educación concertada», Victoria Melchor ha señalado que, «cuando hablamos de concertada, no hablamos de exclusión».
Y ha apostillado que «la enseñanza concertada es un modelo más de la enseñanza pública, que está financiada con fondos públicos» y, por lo tanto, no cabe hablar de guerras entre la concertada y la pública, porque ambas son complementarias».
Precisamente, uno de los siete puntos que integran el Manifiesto por la Libertad de Enseñanza elaborado por la Plataforma, reza que «los padres tenemos derecho a que nuestros hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que sea conforme a nuestras convicciones».