La sección de lo social del Tribunal de Instancia de Guadalajara ha reconocido la incapacidad permanente total para su profesión habitual a un trabajador de Ilunion Accesibilidad que desarrolla su actividad en esta provincia como subtitulador audiovisual, debido a las limitaciones que le provoca un cuadro multisintomático post Covid, con mareos persistentes, migrañas, cefaleas y dificultades de atención y memoria.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y dictada el 22 de octubre de 2026, estima parcialmente la demanda presentada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), después de que el organismo rechazara inicialmente reconocerle esta prestación.
La resolución desestima la petición principal de incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo, pero estima la subsidiaria y reconoce al trabajador una pensión vitalicia equivalente al 55% de una base reguladora de 1.460,82 euros mensuales, con efectos económicos desde el 30 de diciembre de 2025.
El juzgado considera que las dolencias acreditadas son incompatibles con las exigencias de su profesión, que requiere mantener la escucha, procesar contenidos, realizar la relocución simultánea, controlar varias pantallas y corregir errores en tiempo real.
En su argumentación, la resolución señala que «la exposición audiovisual» no constituye una circunstancia accidental del puesto, sino un elemento esencial de la actividad. Asimismo, recoge que las cefaleas, la fotofobia, la fonofobia y las dificultades atencionales y de lectura limitan su capacidad para mantener de forma continuada estas tareas.
Sin embargo, la magistrada considera que no ha quedado acreditada una incapacidad para desarrollar cualquier actividad laboral, ya que el trabajador conserva capacidades para realizar tareas de menor exigencia cognitiva y sin exposición continuada a pantallas.
El procedimiento ha sido defendido por el despacho Parrado Asesores Abogados, cuyo letrado, Álvaro González Mesto, ha destacado la importancia de la documentación médica y de las sucesivas revisiones de los especialistas para acreditar las limitaciones funcionales del trabajador.
«Las pruebas documentales, avaladas por los servicios de Neurología y Psiquiatría de diversos centros hospitalarios, como Neurología del Universitario Puerta de Hierro y del Ramón y Cajal, así como del Centro de Salud La Plata, fueron contundentes», declara González.