CCOO de Castilla-La Mancha ha asegurado que exigirá el cumplimiento de la sentencia de 2020 que ordena a la Junta de Comunidades suprimir ocho puestos de libre designación «que creó ilegalmente», así como reponer, presupuestar, ofertar y cubrir 32 puestos de estructura «suprimidos también de forma ilegal».
Inadmisión a trámite del recurso de la Junta
En una nota de prensa, el sindicato ha informado este martes de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por la Junta de Comunidades contra la sentencia de 30 de enero de 2023, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), que ratifica la emitida el 2 de diciembre de 2020 por el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo.
Una sentencia que ordenó la anulación de ocho resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas mediante las que se suprimieron 32 puestos de trabajo de la estructura de la Administración autonómica y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y se crearon otros ocho de libre designación.
«Se vulneró el derecho a la negociación colectiva»
Según CCOO, el juez de instancia declaró vulnerado por el Gobierno de Castilla-La Mancha «el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos en representación del personal», además de que consideró que «no se ha actuado con la flexibilidad ni la diligencia necesaria, provocando la indefensión y la ineficacia de la negociación llevada a cabo» y de que «no se ha cumplido con el requisito de la buena fe negocial”.
El sindicato ha señalado que el TSJCLM ratificó esa condena y ha añadido que ahora el Tribunal Supremo «ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de casación de la Junta», para la que acuerda la imposición de las costas procesales.
«Creación de una cantidad desmedida de puestos de confianza»
CCOO ha explicado que a finales de 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha convocó una Mesa Sectorial de Personal Funcionario para aprobar una modificación global de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración autonómica y sus organismos dependientes y ha agregado que «lo más destacable» fue «la creación de una cantidad desmedida» de puestos de confianza (libre designación) y «la supresión de un buen número de plazas de estructura».
El sindicato impugnó la creación de estos puestos de confianza, ya que, a su parecer, se incumplía de manera «flagrante» el principio de buena fe negocial, puesto que «ni siquiera había una memoria que apuntase las funciones de esos nuevos puestos, creados sin contenido alguno aparente».
Igualmente, impugnó la supresión de puestos de estructura, en los que «toda la explicación que daba la Administración era que no eran necesarios”.
«El Gobierno regional ha consumido cuatro años largos y ha gastado miles de euros de dinero público en recorrer y agotar todas las instancias judiciales, hasta que el Supremo le ha dado al fin con la puerta en las narices», ha subrayado CCOO, que ha denunciado que es «la enésima vez» que el Ejecutivo autonómico es condenado «por no respetar los derechos fundamentales de los representantes legales de los trabajadores de la Junta».