El acusado por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces, entre ellas, especies catalogadas en peligro de extinción, ocurrido en la finca ‘La Casa Nueva’ situada en el término municipal de Gerindote (Toledo) en 2011, ha negado tener cualquier relación con el caso y ser gestor del coto de caza cuando sucedieron los hechos. «Esto no tiene ni pies ni cabeza», ha apuntado a los medios a su entrada a la sala.
En un juicio, que se ha celebrado este miércoles, y donde Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular, el acusado ha asegurado que no era el arrendatario del coto ni titular de la explotación de la caza. Además, afirma que él no tiene ningún contrato con el titular de la finca y que trabaja desde 2003, y lo puede acreditar, en la construcción.
«Jamás en mi vida he tenido permiso de armas»
Ha reconocido que en 1999 fue juzgado y absuelto por un caso similar en un momento en el que sí trabajaba en la finca. Sin embargo, ha dicho que a partir de ese momento abandonó «el tema de la caza» y se dedicó a la construcción. «Jamás en mi vida he tenido permiso de armas ni licencia de caza», ha apostillado el acusado.
Ha explicado, asimismo, que tuvo conocimiento de la aparición de aves rapaces muertas cuando imputaron a su padre que, según ha apuntado, al regresar de la residencia de ver a su madre, un agente medioambiental le paró en un camino vecinal y le imputó al encontrarle una hoz.
«Desde 2003 trabajo en la construcción»
También ha comentado que la finca ‘La Casa Nueva’ es de fácil acceso ya que hay caminos vecinales que cruzan a Rielves y llegan hasta Toledo, al tiempo que ha negado que él estuviera presente en el acta de incautación de los cadáveres de las aves entre agosto y septiembre de 2011. «Desde 2003 trabajo en la construcción», ha insistido.
En declaraciones a los medios antes de la vista, el procesado ha sentenciado que «no existe caso» y que él no tiene nada que ver con el coto. «No me vincula nada a esta causa», ha aseverado el acusado, quien asegura que los agentes medioambientales lo único que tienen contra él es que en 1999 trabajó en esa finca.
«Esto es una mafia de los ecologistas y toda esta gente y por presiones se ha abierto el juicio, esto no tiene ni pies ni cabeza», ha señalado el acusado, quien ha pedido que si se ha cometido un delito se debería de abrir una investigación «exhaustiva» y coger realmente a quien ha cometido esos delitos.