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martes, 7 de mayo de 2024
Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Audiencia Provincial de Ciudad Real.
El abogado del acusado ha renunciado - 13 junio 2023 - Ciudad Real

El titular del Juzgado de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que debía juzgar este martes a un guardia civil acusado de un delito de falsedad documental y otro de omisión del deber de perseguir delitos ha aplazado la causa hasta febrero de 2024 después de que el abogado del acusado haya renunciado a defenderlo.

El abogado defensor ha renunciado por discrepancias con él

El presidente de la sala ha recibido un escrito del abogado defensor en el que ha hecho constar sus discrepancias con su cliente, por lo que ha renunciado a su defensa.


A tenor de estos hechos, el juez le ha dado al encausado un plazo de cinco días para que designe un nuevo letrado defensor, y ha vuelto a señalar el juicio para los días 20 y 21 de febrero de 2024.

De este modo, ha señalado el magistrado, su abogado podrá tener tiempo suficiente para conocer los pormenores de la causa y así poder ejercer con total normalidad su defensa.

Destinado en Bolaños de Calatrava

El acusado, un agente de la Guardia Civil destinado en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), se enfrenta a la pena de 4 años de cárcel e inhabilitación de su cargo por omitir su deber de actuar en un caso de violencia de género, en el que estaba implicado un compañero del cuerpo.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al acusado se le imputa un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, previsto y penado en el artículo 408 del Código Penal, y de un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 del Código Penal.

Por ello, la Fiscalía pide una pena por el primero de los delitos de inhabilitación especial para ejercicio del cargo durante una año y por el segundo de los delitos, una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante 3 años.

«Le iba a costar una relación de amistad»

La Fiscalía mantiene que el acusado, en septiembre de 2018, tras ser requerido por una mujer, ex pareja sentimental de su compañero que le comentó que había sido agredida físicamente y que el presunto agresor le había realizado pintadas en el coche, y a pesar de estar obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, no procedió a recoger denuncia del caso ni incoar de oficio diligencias.

En este tiempo, el acusado sí intercambió mensajes de WhatsApp con la ex compañera sentimental de su amigo y aseguró que estaba intentando ayudar a los dos, pero que «al final lo que le iba a costar era una relación de amistad».

Alteró deliberadamente las respuestas de la víctima

Una vez que la mujer interpuso una denuncia penal por los supuestos malos tratos cometidos por el compañero del acusado, el seguimiento de la denuncia recayó en el ahora investigado, sin que se tenga constancia de que fuera apartado del caso dado la aparente relación de amistad con ambos implicados.

Además, el acusado, en enero de 2019, efectúo una nueva valoración del riesgo de la víctima y alteró deliberadamente las respuestas dadas por la víctima al cuestionario, de modo que en una primera valoración efectuada, contestada por la perjudicada y firmada por ésta, arrojó un resultado de «riesgo medio».

En cambio, el acusado realizó otra valoración alterando con ello el contenido de las respuestas, que arrojó un resultado «no apreciado».

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