El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que desestima el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023 de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo.
La resolución reafirma que los caudales ecológicos son una limitación previa y general a cualquier aprovechamiento y señala que el Plan Hidrológico del Tajo no tiene que evaluar impactos en las cuencas cesionarias del ATS.
La sentencia, alineada con la doctrina reciente del Alto Tribunal, recuerda que el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación (con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones), y que el plan del Tajo fija un escalonamiento en tres pasos: el valor plenamente ecológico es el del tercer escalón (2027); los dos anteriores funcionan como medidas de coordinación mientras se despliegan recursos alternativos en la cuenca receptora.
El Supremo rechaza la petición de Murcia y Alicante de suspender los caudales ecológicos del Tajo
Alegría y certezas para los ribereños
Tras ello, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía han celebrado la decisión de Tribunal y ha pedido al PP y Vox que dejen de » utilizar las instituciones y acatar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a instaurar caudales ecológicos en el río Tajo»
Además, han considerado que esta sentencia es «otra razón y otro aval más para que inmediatamente cumplan con los caudales ecológicos”, ha señalado el presidente de los Ribereños, Borja Castro.
Para los Ribereños, el fallo aporta tres certezas: seguridad jurídica, un calendario claro para culminar la implantación de caudales en el eje del Tajo y una coherencia normativa que obliga a ajustar el régimen del trasvase a los planes vigentes, tal y como ya había señalado el Consejo de Estado y recogido el propio Real Decreto en sus disposiciones finales.
“Esta sentencia nos vuelve a dar la razón: proteger el Tajo es compatible con una gestión responsable del agua en todo el país. Lo que no es compatible es forzar las instituciones contra el interés general o demorar lo que ya es ley y jurisprudencia”, ha subrayado Castro.
La Asociación recuerda que viene defendiendo una transición ordenada y con visión de patrimonio común, frente a décadas de políticas que ignoraron el deterioro del río y sus riberas. Ese enfoque —centrado en la prioridad ambiental, la planificación responsable y el respeto a las sentencias— es el que se seguirá reclamando en los próximos foros y comisiones técnicas.
