La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está elaborando una nueva normativa sobre las plantas de biometano, en la que la potestad última de autorizar un proyecto recae en los ayuntamientos, pero la Plataforma Stop Ganadería Industrial ha alertado de que el 71% de los proyectos en tramitación podrían saltarse esa parte, dado que hay una excepción en la nueva normativa.
Y es que si esos proyectos son declarados Proyectos Prioritarios por el Gobierno de Castilla-La Mancha, entonces los ayuntamientos no tendrían autoridad para rechazarlos. Esta excepción solo se aplica en las zonas vulnerables a nitratos, que esto es el 46% de la región, y que estas plantas vayan a ayudar a tratar los purines, vinazas o alpeujos de la zona.
Ya hay ocho proyectos prioritarios
Por eso, desde Stop Ganadería Industrial explican que el 50 de las 70 plantas de este tipo que hay en tramitación se encuentran en zonas declaradas como vulnerables a nitratos.
Hasta ahora ya se han declarado ocho plantas como prioritarias, cuatro en Toledo (Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque) y cuatro en Ciudad Real (Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava).
La Junta de Comunidades ha abierto a la participación pública el borrador del nuevo decreto de biometano, que puede recibir aportaciones hasta el 24 de agosto a través del portal de participación del gobierno regional.
Se trata del segundo intento de la Junta por regular el sector de las macroplantas de biogás y biometano, ya que en junio retiró el Plan de biometanización, tras recibir más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares y generar el rechazo de numerosos ayuntamientos preocupados por el impacto que estas macroplantas tendrían en su localidad.
Stop Ganadería Industrial recuerda que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, dijo que la decisión última recaería en los ayuntamientos, aunque explican en un comunicado la excepción anteriormente mencionada.
Además de la declaración como proyecto prioritario, existen otras figuras administrativas que el gobierno regional puede emplear en la tramitación de una macroplanta de biogás, como la declaración de interés regional y los Planes de Singular Interés, que les liberaría de ciertas normas urbanísticas.
Asimismo, la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que el rechazo de los ayuntamientos a un proyecto ha de ser motivado, reservando para la Junta de Comunidades el papel de valorar lo que significa «motivado» y si esta motivación es suficiente.
Critican que los residuos pueden venir de cualquier parte
El nuevo decreto establece que el 80% de los residuos que entren a la macroplanta deben proceder de un radio de 35 km de distancia, lo que equivale a un área de 3.848 kilómetros, una superficie mayor a la provincia de Álava. El 20% restante puede ser residuos que vengan de cualquier parte.
A pesar de las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, de que se trata de un decreto garantista, existen numerosos aspectos que para Stop Ganadería Industrial demuestran que no es así y que los enumeran de la siguiente forma:
- Un decreto lleno de excepciones
En varios puntos se permiten excepciones («siempre que sea posible», «de forma excepcional»), lo que genera inseguridad jurídica y elimina las garantías. Esto sucede cuando se establece la distancia mínima a macrogranjas (se establecen 500 metros, pero se podrá reducir en ciertos casos) o la exigencia de arreglar vías de acceso. - Distancias mínimas de seguridad insuficientes
El decreto permite construir una macroplanta a 251 metros de captaciones de agua o embalses, lo que supone un riesgo para el agua de consumo. No se tiene en cuenta la dirección de los vientos dominantes en el cálculo de distancias a núcleos urbanos o negocios turísticos/hoteleros. - El digestato (residuo resultante): El decreto no exige la trazabilidad del digestato, y se permite aplicarlo a solo 1 km de un núcleo urbano aunque la planta deba estar a 2 km.
- Sin compensación para los afectados
Hoteles, restauración y viviendas aisladas quedan fuera de los límites de olor exigibles a zonas residenciales, sin que el decreto prevea ninguna compensación económica a cargo de las plantas. - Falta de transparencia
Se permite que la información sobre la entrada y origen de los residuos pueda quedar amparado por el «secreto industrial», vetando el acceso ciudadano a esa información. - Externalización de las inspecciones
Se permite que un gestor de residuos externo se haga cargo del digestato y que sean ECAs (empresas privadas de certificación ambiental) quienes realicen las inspecciones, en lugar de la administración pública. - Solo un modelo de biogás: inyección al gaseoducto
El decreto excluye el autoconsumo de biogás, la cogeneración y las comunidades energéticas, descartando así alternativas más locales y sostenibles. - Cálculo incompleto de la huella de carbono
No se contabilizan las emisiones contaminantes del proceso de purificación del biogás en metano (upgrading), de la antorcha de seguridad, de la maquinaria, de los químicos del proceso ni el transporte completo (ida y vuelta de los caminos que llevan residuos).
Valoración de los colectivos vecinales
Stop Ganadería Industrial C-LM, formada por 50 movimientos vecinales de las cinco provincias, ha valorado este borrador de decreto: «Aunque es un paso positivo dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de si autorizar o no una macroplanta de biometano, existe el riesgo de que la Junta la declare proyecto prioritario, lo que dejaría en papel mojado este decreto».
Y añaden: «El decreto de biometano está redactado pensando en los intereses económicos de las empresas de gas y energéticas, en vez de en los intereses de los ayuntamientos y ciudadanos. En ese sentido, no ha supuesto el cambio radical y garantista que la Junta prometió respecto al difunto Plan de biometanización».
Stop Ganadería Industrial C-LM anima a ayuntamientos, colectivos vecinales y particulares a presentar sus propias aportaciones antes de que finalice el plazo, el 24 de agosto, a través del portal de participación de la Junta de Comunidades. La organización considera que, mientras el decreto mantenga la posibilidad de declarar «proyectos prioritarios» y conserve excepciones en el radio de origen de residuos o las distancias mínimas, no ofrece garantías reales frente a las macroplantas de biogás y biometano, y exige a la Consejería de Desarrollo Sostenible que revise a fondo el texto antes de su aprobación definitiva.
