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jueves, 25 de abril de 2024
Buitre negro envenenado
Un agente medioambiental recoge el cadáver de un buitre negro envenenado.
Informe de Ecologistas en Acción 28/02/2017junio 6th, 2017 - Toledo

Castilla-La Mancha es, junto a Castilla y León, la comunidad autónoma donde más fauna protegida muere envenenada, tal y como pone de manifiesto el informe elaborado por Ecologistas en Acción y que tiene por nombre «Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015», que se ha presentado hoy.

Un documento en el que se advierte que Castilla-La Mancha acumula un 20 por 100 de los casos y más de 117 ejemplares envenenados, que Toledo es la provincia con más casos, junto a Badajoz y que los milanos reales, las águilas imperiales, las águilas reales y las águilas perdiceras son las especies protegidas más afectadas, tal y como señalan en la organización ecologista.


E inciden en que las administraciones «no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies». Y que a pesar de la ilegalidad, «el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinegéticos, en el 48,1 por 100 de los casos, y ganaderos en un 31,5 por 100 de los casos.

Las comunidades donde se han producido menos casos graves son Andalucía, Canarias y Aragón».

Los casos más graves, en Castilla-La Mancha y en Navarra

Clasificados desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en dos comunidades autónomas muy concretas: Navarra y en Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción considera que es evidente «que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia».

Por todo ello, Ecologistas entiende que «es necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más Agentes Medioambientales y unas Fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies».

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