Las Cortes regionales han aprobado este jueves la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que permitirá reforzar el papel de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y que ha contado con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP y Vox.
La iniciativa, que se ha tramitado como proposición de ley por el procedimiento de lectura única, modifica varios artículos de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para dar mayor participación a los ayuntamientos a la hora de decidir los proyectos que pueden desarrollarse en sus términos municipales, «atendiendo a criterios sociales, económicos y medioambientales».
El nuevo texto señala que, cuando el proyecto cuente con la conformidad del pleno de la corporación, «el Ayuntamiento deberá remitir al órgano ambiental certificado del acuerdo plenario, informe de compatibilidad urbanística e informe de afección socioeconómica del proyecto y sus efectos sinérgicos, de modo que se pueda continuar con la tramitación».
Asimismo, indica que «en caso de que el pleno de la corporación no otorgue conformidad, este acuerdo deberá estar debidamente motivado» y el proyecto no continuará su tramitación, salvo que sea declarado como «inversión estratégica» por acuerdo del Consejo de Gobierno.
Además, introduce una disposición transitoria, según la cual, «se suspenderá la tramitación de los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental desde la entrada en vigor de la presente Ley y por un plazo máximo de 12 meses hasta la presentación de la documentación indicada».
Durante el debate parlamentario, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que esto no supone un «impedimento» al desarrollo de la región, como ha afirmado la oposición, sino «un refuerzo de la autonomía y de la voluntad de los municipios».
Gómez ha explicado que, si una vez que entre en vigor la nueva norma el pleno de un Ayuntamiento decide que un proyecto empresarial es «compatible» con las iniciativas del municipio y lo remite al órgano de evaluación ambiental de la Junta, el expediente «sigue su curso» y «no hay que agotar los 12 meses».
De igual modo, ha destacado que la Ley de Evaluación Ambiental actualmente en vigor «ya habla de compatibilidad urbanística y de un informe de sinergias», por lo tanto, lo que se hace es «añadir un documento más», que es el acuerdo plenario.
También ha incidido en que los ayuntamientos no están solos y en que cuentan con la ayuda y el apoyo de los órganos competentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de las diputaciones provinciales para resolver dudas.
Vigilancia y seguimiento de la evaluación ambiental
En cualquier caso, «tenemos muy claro que el papel técnico definitivo de vigilancia y seguimiento de la evaluación ambiental es clave» y corresponde a la Junta, por lo que «no se deja ese papel a los ayuntamientos».
En la misma línea se ha pronunciado el diputado del PSOE Francisco José Barato, quien ha resaltado que los cambios introducidos pretenden garantizar «la potestad de decisión» de los ayuntamientos, de manera que el pleno tendrá que pronunciarse y el acuerdo plenario deberá expresar la conformidad o no con el proyecto.
«No sustituimos el criterio técnico por la decisión política», ha subrayado Barato, quien ha agregado que «se mantiene el informe sobre compatibilidad urbanística, afección socioeconómica y efectos sinérgicos con otros proyectos»; si bien, «añadimos un nivel de decisión institucional que hasta ahora no existía».
Sin embargo, el parlamentario del PP Santiago Lucas Torres ha afeado a la Junta que, de esta forma, intente trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de tomar la decisión, con lo que introduce «un veto político municipal», al tiempo que el criterio técnico pasa a tener «menos peso».
Además, ha considerado que, desde una perspectiva jurídica, «existen serias dudas» sobre si es constitucional, «se rompe el equilibrio competencial», el concepto de inversión estratégica «queda indeterminado» y habrá «un notorio aumento de la burocracia».
Por su parte, el diputado del grupo Vox Francisco Cobo ha aseverado que esta modificación concede a los ayuntamientos «un poder de veto» y ha opinado que va a suponer «más burocracia» y la dilatación de tiempos.
Cobo también ha advertido de que «hay lagunas», que van a generar «muchos litigios» y que «no hay un procedimiento claro» respecto a la potestad de la Junta para declarar un proyecto como inversión estratégica