Aunque parezca mentira, hace ya un año que el Congreso de los Diputados no puede cumplir con su tarea de controlar la acción política del Gobierno porque el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se niega a comparecer en el Pleno de la Cámara Baja, alegando que está «en funciones». No parece serio que el Gobierno dé plantón al Parlamento, pero lo está haciendo como si fuera lo más normal del mundo.
El 21 de octubre del año pasado fue la última vez que los ciudadanos pudieron ver al presidente del Gobierno y a los ministros respondiendo desde el banco azul del Hemiciclo a las preguntas de sus señorías, como era habitual cada miércoles. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar ninguna sesión de control porque el Ejecutivo no ha querido comparecer.
No es éste el asunto que más preocupa a los ciudadanos ni lo que comentan a diario. Claro que no. Pero en democracia es muy importante respetar las formas y los acuerdos adoptados por mayoría, algo que en este caso el Gobierno desprecia.
Los partidos de la oposición han solicitado que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, acuda al Pleno del Congreso para informar de la decisión de proponer al ex ministro dimitido José Manuel Soria para ocupar un puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, con un salario de 226.000 euros anuales libres de impuestos. De Guindos ya dio las explicaciones que estimó pertinentes ante la Comisión de Economía y Competitividad el día 13 de septiembre, pero se niega a comparecer en el Pleno.
EL PP SE QUEDA SOLO
La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que Luis de Guindos comparezca en el primer Pleno de esta legislatura, el 27 de septiembre, para hablar de ese asunto. Este acuerdo ha sido adoptado con los votos a favor de todos los portavoces, excepto el del PP. Incluso Ciudadanos, el partido ideológicamente más próximo al PP, ha apoyado esta propuesta, pero al Gobierno le da igual y ha anunciado que el ministro de Economía en funciones no acudirá a esa sesión plenaria.
El gabinete de Rajoy ya se negó a comparecer en el Pleno y en las Comisiones del Congreso durante la pasada legislatura, la frustrada, en contra de varios acuerdos de la Junta de Portavoces. Ante esa negativa, todos los grupos parlamentarios -excepto el PP, claro- plantearon ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones del Congreso frente al Gobierno, que aún no ha sido resuelto por los magistrados. Es la primera vez en la historia de la democracia que se produce un enfrentamiento institucional de este tipo.
El Gobierno argumenta, para justificar su negativa a comparecer ante el Pleno, que cesó tras las las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, que ahora está en funciones y que, en esa situación, el nuevo Congreso no le ha otorgado su confianza en unla sesión de investidura.
LA SENTENCIA DEL SENTIDO COMÚN
Frente a ese argumento hay juristas que opinan exactamente lo contrario: el Parlamento, afirman, siempre debe controlar la acción política del Gobierno, aunque éste se encuentre en funciones y tenga limitadas sus competencias.
El Tribunal Constitucional decidirá -probablemente en octubre- quién tiene razón, si el Gobierno con su decisión de negarse a ser controlado o la mayoría del Congreso con su acuerdo de controlarlo. Pero, mientras llega esa sentencia y resuelve este conflicto, el veredicto del sentido común parece bastante claro: en un régimen parlamentario como es España, el Gobierno -el Poder Ejecutivo- no debería actuar sin ser controlado por el Parlamento -el Poder Legislativo-, porque eso no es propio de la democracia.
Este enfrentamiento debería servir para que las Cortes -si no son disueltas para convocar de nuevo elecciones, algo que parece probable- debatan y aprueben las reformas legales necesarias para evitar que vuelvan a producirse enfrentamientos como éste, que contribuyen bastante poco a generar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno y en sus representantes en el Parlamento.