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29/11/2012junio 13th, 2017
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Telecinco se ha visto obligada a retirar la querella que había interpuesto contra Pablo Herreros, un ciudadano que hace un año puso en marcha una campaña en la que se pedía a importantes empresas que retiraran sus anuncios del ya desaparecido programa «La Noria».

Con esa campaña se consiguió que los anunciantes dejaran el programa y que esa cadena, una de las que difunden más espacios de «televisión-basura», lo eliminara de su parrilla y lo sustituyera por otro más presentable.


Herreros inició su campaña en internet cuando supo que Telecinco había pagado 10.000 euros a la madre de «El Cuco«, un menor de edad implicado en el asesinato de la niña Marta del Castillo. Consideró -como otros muchos ciudadanos, aunque no hayan dado el paso de denunciarlo, como hizo él- que no es justo ni ético que una televisión pague dinero por entrevistar a la madre de un delincuente o, en otros casos, al propio delincuente.

¿Recuerdan cuántas veces han pagado algunas cadenas privadas a «El Dioni» o a Julián Muñoz, entre otros, para que salieran en pantalla contando las «hazañas» delictivas por las que han sido condenados?

APLASTAR AL CIUDADANO PABLO

Como respuesta, los responsables de Telecinco decidieron aplastar al insignificante ciudadano Pablo, que se había atrevido a enfrentarse a su todopoderosa cadena, y presentaron contra él una querella por amenazas y coacciones en la que solicitaban que fuera condenado a indemnizarles con 3,6 milones de euros; además, se enfrentaba a una pena de entre tres mese y tres años de cárcel.

Pero no contaron con que la ciudadanía podía reaccionar a través de internet; y la reacción se produjo: el periodista Mario Tascón lanzó la campaña «Pide a los anunciantes de Telecinco que retiren su publicidad #todosconPablo» y la respuesta ha sido abrumadora.

Si el año pasado las firmas de 30.000 personas hicieron posible que empresas muy importantes dejaran de anunciarse en «La Noria», ahora han sido más de 170.000 las que, en muy pocos días, han firmado una petición dirigida a esas y otras empresas para que no se anuncien en Telecinco hasta que esta empresa retire su querella contra Pablo Herreros.

Finalmente, obligada por esa masiva reacción ciudadana y por la petición de importantes anunciantes, la cadena ha llegado a un acuerdo con Herreros para retirar la querella y, a cambio, él reconoce que los anunciantes tienen derecho a gestionar sus campañas publicitarias con independencia del contenido de los programas en los que se inserte su publicidad, que no son responsabilidad de ellos. Cosa que, por otra parte, él nunca había puesto en duda, simplemente había denunciado algo que le parecía injusto.

UNA VICTORIA DE TODOS

Ha sido ésta una importante victoria de esos miles de ciudadanos que han firmado la petición, de todos en conjunto. Y puede parecer un hecho aislado, pero tiene su trascendencia porque demuestra bien a las claras la certeza de esa frase que en su día pronunció la que fue ministra de Agricultura con Aznar y vicepresidenta de la Unión Europea, Loyola de Palacio: «La única batalla que no se gana es la que no se da».

En tiempos de crisis como los actuales, cuando hay quienes dicen que no merece la pena manifestarse ni protestar porque «no va a servir para nada», el ejemplo de Pablo Herreros demuestra exactamente lo contrario. Es una prueba palpable del valor que tiene la unión de la ciudadanía, aunque los gobernantes acostumbren a decir que las protestas no les harán cambiar sus decisiones, y de la importancia de las redes sociales y las plataformas digitales.

Frente a los del «no va a servir para nada» son muchos otros los que piensan lo contrario, que las protestas sí servirán para lograr que el Gobierno rectifique y dé marcha atrás en algunas decisiones que no comprende casi nadie, salvo sus seguidores y su partido. Hay precedentes, tanto aquí como en otros países.

Con esa esperanza de poder cambiar las cosas están encerrados y se han manifestado los médicos y el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, profesores y alumnos de toda España, bomberos, policías nacionales y municipales, agentes forestales y un etcétera de colectivos que cada vez es más numeroso.

Todos ellos, probablemente, creen que la única batalla que no se gana es, efectivamente, la que no se da. Aunque también saben que, de las que se dan, algunas se ganan y otras se pierden.

Y EN CASTILLA-LA MANCHA…

El Gobierno de María Dolores de Cospedal presume estos días de ser el primero que convoca oposiciones en la enseñanza para 2013, en concreto para cubrir 203 plazas de Infantil y Primaria más otras 16 de inspectores.

Está bien que las convoque, pero hay que recordar que con ese reducido número ni siquiera cubrirá las vacantes que han dejado los interinos que este año no han podido trabajar, que las bajas por maternidad está siendo cubiertas con bastante retraso…

Y que la primera comunidad en convocar oposiciones no fue la castellano-manchega sino Andalucía: lo hizo el año pasado, para 2.389 plazas de Secundaria y Formación Profesional, pero quedaron suspendidas porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy las impugnó ante el Tribunal Constitucional alegando que no se respetaba el límite presupuestario que se había fijado para la oferta de empleo público de 2012.

En vez de dialogar para resolver ese problema recurrió al Constitucional, con lo que perjudicó a las 33.154 personas que se habían apuntado y ya llevaban meses preparando las oposiciones. ¿Qué hará ahora en Castilla-La Mancha?

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