¿Es posible que tener un espíritu de defraudador a la Hacienda Pública se transmita de padres a hijos por los genes? Los científicos deberían investigarlo. Y el clan de los Pujol es el marco perfecto para que realicen ese trabajo, porque en la familia del ex presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, se cumple a la perfección el refrán de «de tal palo, tal astilla». Pero en plural, «tales astillas», porque ya son varias personas de tres generaciones las que están relacionadas con asuntos judiciales turbios o directamente delictivos.
A muchos catalanes, especialmente a los independentistas, se les han caído encima todos los palos del sombrajo. Su mito, su casi ídolo se acaba de derrumbar, se ha caído del pedestal. Jordi Pujol ha confesado que su esposa y sus siete hijos tienen dinero en el extranjero desde hace más de 34 años, sin declararlo a la Hacienda Pública española hasta ahora, y que en tan prolongado periodo de tiempo «lamentablemente, no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia».
CARADURA Y DESFACHATEZ
¿Cómo se puede tener la caradura y la desfachatez de hacer semejante afirmación? El ex president dice que ese dinero fue la herencia que su padre dejó a sus hijos y a su esposa y madre de éstos, Marta Ferrusola -a él no-, pero que, como los niños eran menores de edad, él encargó la gestión de esa fortuna a otra persona de su confianza y se desentendió por completo. ¿Por qué no encomendó también a esa persona que regularizara ese dinero, para evitar problemas con Hacienda y con la Justicia? Y si no tuvo tiempo de declarar ese dinero durante tantos años, ¿tampoco ha podido hacerlo en los 11 últimos años, cuando él ya no presidía la Generalitat sino que era un ilustre jubilado sin apenas obligaciones oficiales? Nadie le cree, pese a sus 84 años, ni siquiera en su propio partido.
Florenci Pujol, padre de quien durante 23 años fue el molt honorable president (muy honorable presidente) de Cataluña, empezó a trabajar como botones en un banco y terminó por comprar él otro y fundar Banca Catalana. Nada que objetar. Debía ser un tipo listo, hecho a sí mismo, emprendedor y con buena vista para los negocios. Pero también debía tener algo de espíritu defraudador, porque en 1959 su nombre figuró en una lista de 872 españoles que, según el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, habían evadido dinero a Suiza, lo que supone un fraude a la Hacienda pública.
ANTES LO NEGÓ AHORA LO ACEPTA
Su hijo, Jordi Pujol, siempre ha negado tener dinero fuera de España, desde que lo publicó el diario El Mundo. Pero ahora ha tenido que confesar y reconocer la existencia de esa fortuna en el extranjero no declarada porque sabe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene muchos datos sobre él, sus hijos y los movimientos del dinero de algunos de ellos por al menos 13 países que son paraísos fiscales.
De sus siete hijos, varios están siendo investigados por distintos jueces y otros han tenido que regularizar sus cuentas con Hacienda porque tenían dinero en el extranjero sin declararlo. Y, lo que es más grave, la Policía ha comunicado al juez que el hijo mayor, Oriol -que está siendo investigado porque, según ha declarado su ex novia ante el juez, viajaba con frecuencia a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros-, ha amasado su inmensa fortuna gracias a que se benefició de la corrupción política y de la red de influencias de su padre cuando era presidente de la Generalitat. Ha sido citado a declarar, y también su esposa, el 15 de septiembre.
SIN PENSIÓN NI PRIVILEGIOS
Jordi Pujol -probablemente con el comprensible y paternal objetivo de proteger a sus hijos, aunque parece difícil que lo vaya a conseguir- se ha visto obligado a renunciar a todos los privilegios que tenía por haber sido presidente de la Generalitat: a partir de ahora no cobrará la pensión de 86.000 euros anuales que tenía asignada de por vida; no dispondrá del despacho de 441 metros cuadrados que utilizaba a diario en el centro de Barcelona, con tres personas trabajando para él, y perderá el coche oficial y el chófer. Además, ha renunciado al cargo de presidente fundador de Convergència Democrática de Cataluña (CDC) -partido que él fundó y que lidera Artur Mas– y al de presidente de honor de la federación CiU.
Todo esto era necesario, pero no es suficiente. Los ciudadanos de Cataluña y los de toda España se merecen más. Se trata de uno de los mayores escándalos de la democracia, por la importancia política del personaje. Los jueces seguirán investigando para averiguar si varios hijos del ex president se han enriquecido de manera ilícita, blanqueando dinero o beneficiándose del tráfico de influencias de su padre mientras dirigió la Generalitat y adoptarán las medidas pertinentes. Pero el padre debe comparecer en el Parlamento autonómico para dar explicaciones y la Fiscalía y la Agencia Tributaria tienen que intervenir para depurar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, que haya podido cometer.
Cualquier persona en sus circunstancias estaría ya delante de un juez prestando declaración. Él también debe hacerlo, porque los ciudadanos están muy hartos de corrupción política y necesitan comprobar que la Justicia es igual para todos, como dice la Constitución.